El Gobierno y el PSOE viven inmersos en un torrente de causas judiciales. De momento, ninguna les impacta directamente, pero sí de forma tangencial. Al entorno del presidente Pedro Sánchez: a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez; al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y en el «caso Koldo» al que fuera mano derecha en Ferraz y Moncloa, José Luis Ábalos. A estos frentes se suman los que inicia el propio partido en forma de querellas por entender que se han visto vulnerados, de algún modo, sus derechos o su reputación. «No damos abasto con las querellas», aseguran fuentes de Ferraz.

En este contexto de aluvión de causa judiciales, según ha podido saber LA RAZÓN, la dirección del PSOE se ha visto obligada a ampliar su equipo jurídico. Ferraz va a sacar una plaza extra para su gabinete jurídico con el objetivo de reforzarlo. Un puesto de nueva creación que, según los protocolos internos, se ofrece en primer término entre sus afiliados, por si hubiera algún militante interesado en integrarse en el equipo. Si tras un primer testeo entre sus bases, el puesto no se lograra cubrir, ya entonces sí se sacaría oficialmente fuera del partido, a través de algún portal de contratación público. Fuentes socialistas consultadas revelan que también cuentan con la asesoría externa de un despacho de abogados ante la cascada de iniciativas judiciales que les están sepultando.

De hecho, solo en lo que respecta a la figura del actual secretario de Organización, Santos Cerdán, tienen previsto interponer siete, de las cuales solo se ha presentado una, confirman, por falta de efectivos. El «número tres» del partido ya avanzó que iniciaría una ofensiva en los juzgados por las informaciones y declaraciones que se han sucedido a tenor de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que no acaba de salir a la luz y que atestiguaría algún tipo de vinculación con la trama Koldo. Cerdán ya anticipó que, una vez se conociera el citado informe, desmontaría «una por una» todas las mentiras que se estaban vertiendo sobre él y avanzó –como movimiento preventivo– que se había interesado por «algunas obras» en su papel de diputado por Navarra.

En Ferraz y en Moncloa dicen ser víctimas de una estrategia que busca derrocar al Gobierno a través del marcaje judicial. En esta línea, el ministro Óscar Puente se mostró categórico al aseverar que el Tribunal Supremo, que instruye las causas contra el fiscal general del Estado y contra José Luis Ábalos, se ha convertido en la «oposición real en este país» que resuelve los «desaguisados» de Feijóo. A la imagen de una legislatura que ha colapsado, por la falta de iniciativa política y legislativa, se suma una maraña de causas judiciales que impiden colocar ningún mensaje o centrar el foco en las cuestiones que le interesan al Gobierno. Al procesamiento de Álvaro García Ortiz el lunes, que en el Gobierno tildan de «incomprensible», se sumaron ayer las 10 horas de registro en la vivienda de José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha de Sánchez en Ferraz y Moncloa.

A la defensiva, el partido ha adoptado esta estrategia de victimización, proyectándose en el papel de agredidos también en los juzgados, iniciando una ofensiva de querellas para defender su posición ante los «ataques» que dicen recibir de una derecha de tres cabezas –mediática, judicial y política–. Sin embargo, estos mensajes no pasan de ser una pose o una mera campaña de imagen. Moncloa aseguró hace un mes que iniciaría acciones judiciales por la filtración de los mensajes privados de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos. Si el Supremo no abría una pieza separada para investigar internamente si se había producido una ruptura en la cadena de custodia, el Gobierno «llegaría hasta el final», advirtió el titular de Justicia, Félix Bolaños.

El TS hizo caso omiso y por parte del Ejecutivo no se ha tomado todavía ninguna acción judicial al respecto. De este modo, el partido y el Gobierno han entrado en la «guerra judicial». Más allá de los ataques a los jueces, deslizando delitos de prevaricación contra los instructores de las causas que les afectan –ya ocurrió con Juan Carlos Peinado y ayer mismo con Ángel Hurtado–, el PSOE ha querido llevar la batalla también a los juzgados, donde prepara una batería de querellas. No hay mejor defensa que un buen ataque.