El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el decreto del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida que según la Comunidad de Madrid invade competencias autonómicas y vulnera el derecho fundamental de esos menores extranjeros a la libre circulación y a la elección de residencia dentro del territorio nacional.

Para el Ejecutivo madrileño, esa disposición es contraria al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que establece la Constitución, al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid) y a los principios de autonomía y solidaridad, de lealtad institucional y de autonomía financiera, así como al que impide la arbitrariedad de los poderes públicos, todos ellos reconocidos en nuestra Carta Magna.

La Comunidad de Madrid recurrió ante el TC el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias al cuestionar el reparto de menores migrantes, que considera discrecional y fruto de una nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts, formación independentista "que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa", según explicó el pasado marzo al anunciar el recurso el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que ese decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional" respecto a la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad. Según expone, ese reparto vulnera derechos fundamentales de los menores "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

Madrid cree que vulnera el principio de solidaridad

El recurso incide en que esa disposición vulnera el "principio de solidaridad y lealtad entre administraciones", así como el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, "ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados".

Del mismo modo, se queja de que el Gobierno de Sánchez haya optado por un nuevo "decretazo", en lugar de tramitar la reforma mediante ley orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos, invocando una aparente "extraordinaria y urgente necesidad" pese a que el problema persiste desde hace ocho años, según reconoce el propio decreto gubernamental.

"No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa a Pedro Sánchez y a su Gobierno es garantizarse esos siete votos. Lo primero que tiene que hacer es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen y ponerse de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea", defendió el consejero de Ayuso al anunciar que el Gobierno regional acudiría al TC.

Entre 2019 y el pasado año, la Comunidad de Madrid ha atendido a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados.