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Rajoy podrá tomar el control en Cataluña por «interés para la Seguridad Nacional»

El texto permite movilizar recursos de otras administraciones sin recurrir al artículo 155 ni al Constitucional. El Gobierno, que cuenta con el apoyo del PSOE, sólo aplicaría esta medida en caso de una crisis excepcional

El texto permite movilizar recursos de otras administraciones sin recurrir al artículo 155 ni al Constitucional. El Gobierno, que cuenta con el apoyo del PSOE, sólo aplicaría esta medida en caso de una crisis excepcional

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La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobará este miércoles el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, una vez terminado el debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. La Comisión Constitucional tiene competencia legislativa plena por tratarse de una norma no orgánica, por lo que el texto se remitirá al Senado, sin pasar por el Pleno de la Cámara Baja, para su aprobación definitiva. Y estará en vigor después del verano.Este proyecto de ley fue validado por el Gobierno el pasado mes de mayo y en su esencia no nació mirando hacia el problema del desafío independentista. Es una iniciativa ambiciosa que responde, entre otras actuaciones, a la necesidad de cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio, y que pasarán a denominarse «situaciones de interés para la seguridad nacional» y que se producen cuando es necesario el uso de más medios y coordinación a los habituales.

Ante estas circunstancias, la ley permite que el Gobierno coordine los medios de todas las administraciones si se decreta esa situación de «interés para la seguridad nacional» por parte del presidente del Gobierno. La ley permitiría actuar sin tener que mediar el Tribunal Constitucional y sin tampoco tener que utilizar el mecanismo excepcional que prevé la Carta Magna en su artículo 155, es decir, sin tener que recurrir a la suspensión de la autonomía, en determinados ámbitos concretos. Moncloa apela a la prudencia y subraya que ni la esencia de esta ley es responder al problema del órdago soberanista en el que se ha embarcado Artur Mas ni que tampoco es el momento de incidir precisamente en la posibilidad de que este proyecto actúe como otro instrumento más para responder a actuaciones ilegales o que supusiesen avanzar en la secesión, sin seguir el camino reglado de reformar la Constitución, por parte del Gobierno o del Parlamento catálan. Pero, sin duda, es otro escudo que fortalece al Estado frente a este desafío y de las decisiones de Artur Mas y de Esquerra dependerá de que llegue el caso de que tenga que ser utilizada ante una «situación extrema», insisten desde Moncloa. En la negociación parlamentaria,la sintonía del Gobierno con el PSOE sigue siendo buena. Con UPD y UPN no parece mala, y es posible que se apruebe con el apoyo del 80 por ciento del Congreso. Pero el diálogo sigue todavía abierto. En el primer debate en la Cámara Baja el PP rechazó con su mayoría las enmiendas a la totalidad que habían presentado los grupos de Convergència y de Unió, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC, que pedían la devolución del texto. El PSOE y UPyD han propuesto en sus enmiendas un plazo de tiempo para que el Gobierno dé cuenta en el Parlamento de una situación de interés para la seguridad nacional en caso de que ésta sea declarada, entre otros cambios.

Los nacionalistas han sido muy críticos con esta iniciativa bajo el mantra de la acusación de que supone una invasión de competencias y que es recentralizadora. ERC ha llegado a exigir que se incluya en el proyecto de ley una nueva disposición adicional según la cual «en ningún caso lo establecido en la ley, y en particular en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los Parlamentos autonómicos». Los grupos nacionalistas también demandan en sus enmiendas que en la política de seguridad nacional del Estado participen todas las administraciones públicas, a través de una «acción coordinada y colaborativa», y que la Estrategia de Seguridad Nacional se elabore teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas. Convergéncia también exige que la declaración de «situación de interés para la seguridad nacional» pueda ser declarada a petición del presidente de la comunidad autónoma donde tenga lugar la crisis en cuestión. Y que la Estrategia de Seguridad Nacional se debata y se apruebe en el Congreso. CDC y Esquerra han activado toda su maquinaria de propaganda contra la nueva Ley de Seguridad Nacional cuyo objetivo es mejorar la respuesta del Estado ante los nuevos riesgos y amenazas para la seguridad de los españoles. Ha sido elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. El estado «de interés para la Seguridad Nacional» supondrá el primer escalón en los estados de emergencia nacional y según fuentes del Ejecutivo no llevará aparejada la suspensión de derechos fundamentales. Algo que sí ocurre con los estados de excepción y sitio, donde pueden suspenderse desde la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la libertad de expresión.

No obstante, según fuentes del Ejecutivo, la declaración de este nuevo estado «de interés para la Seguridad Nacional» permitirá «la movilización de recursos materiales públicos y privados» si se considera necesario y también facultará al Gobierno a movilizar recursos de otras administraciones. Siempre dentro del principio de proporcionalidad a la gravedad de la crisis e indemnización por los perjuicios causados a particulares. Una versión «suave» de lo que sucede en el estado siguiente, el de alarma, que permite practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, ocupar transitoriamente fábricas, industrias o locales (excepto domicilios privados) y subordinar a los funcionarios autonómicos al Ejecutivo central.

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La declaración de este nuevo escenario de crisis nacional será una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Algo que no ocurre con los estados de alarma –que han de ser declarados por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros–; de excepción –acordados en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados–; y sitio –por mayoría absoluta del Congreso–. Incluye también la posibilidad de que los cuerpos de Policía locales y autonómicos se pongan a las órdenes del Gobierno español. La nueva ley también define competencias como la ciberseguridad, la seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

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Herramientas contra el órdago

El constitucional

Si las actuaciones de una comunidad autónoma invaden las competencias del Estado, éste puede acudir al Tribunal Constitucional para que confirme si se invaden esas competencias y si se está actuando en contra de la Carta Magna.

Artículo 155

Si una comunidad no cumple la Constitución o actúa de forma que atenta contra el interés de España, el presidente del Gobierno puede, tras la aprobación en el Senado, adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento forzoso.

La Ley de Seguridad Nacional

Permitirá actuar sin que medie el Constitucional y sin usar el artículo 155 de la Constitución. Podrá usarse ante una «situación extrema» con la declaración del estado «de interés para la seguridad nacional». El Gobierno coordinará todos los mecanismos.

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