Rajoy y Rubalcaba pactan la estrategia en el debate de la consulta soberanista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, «trabajan y seguirán trabajando» para ir con una posición común a la sesión plenaria del 8 de abril, en la que se debatirá en el Congreso de los Diputados la propuesta del Parlamento catalán para que se cedan a la Generalitat las competencias necesarias para celebrar la consulta soberanista fijada para noviembre.

Así lo confirman fuentes del Gobierno, quienes también explican que Rajoy considera que el desafío independentista exige una respuesta común, de Estado, de los dos principales partidos, y que esta unidad de acción debe visualizarse con claridad en la citada sesión parlamentaria.

El presidente y el jefe de la oposición hablan con frecuencia del «problema catalán», y «seguirán haciéndolo en los próximos días». Desde el entorno del presidente confirman que en las conversaciones ya han abordado todos los frentes abiertos y que, por supuesto, seguirá habiendo contactos en los próximos días para consolidar la estrategia común frente al referéndum independentista que promueve Artur Mas de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

En el debate en el Congreso, PP y PSOE dirán «no» con una sola voz a la exigencia del Parlamento catalán de asumir la competencia exclusiva del Estado en esta materia. Aunque de fondo estén las diferencias que les separan en el terreno más político, como es el caso de la reforma de la Constitución y de los matices que el PSC obliga a introducir en el discurso nacional del PSOE en política territorial. De hecho, algunos de los críticos del PSC ya han empezado a moverse para respaldar en Madrid la cesión a la Generalitat de la convocatoria de una consulta independentista.

Rajoy y Rubalcaba comparten el análisis de que el presidente de la Generalitat no se dará por vencido con el «no» de la soberanía nacional a su estrategia para sortear la legalidad y vestir como legal lo que no tiene encaje dentro del actual marco jurídico. Y que su respuesta será acelerar la Ley de Consultas en el Parlamento catalán. La unidad entre socialistas y populares se enfrentará ahí a un importante reto por el interrogante sobre cuál será la posición del PSC ante la reforma legislativa en la que Mas quiere amparar la consulta ilegal.

En el PP prevén que la estrategia de Mas pase por buscar una redacción «muy tramposa» que dificulte todo lo posible el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, pero en la que, al mismo tiempo, se supere el límite de la necesidad de autorización previa por parte del Ejecutivo central. «No van a ir a una redacción que incumpla claramente la Constitución, al contrario, buscarán la ambigüedad y jugarán al trilerismo jurídico», sostienen también en Moncloa.

La Ley de Consultas Populares es un proyecto de la pasada Legislatura catalana, que decayó con el anticipo electoral y que con toda intención CiU y ERC han ido retrasando en su trámite de ponencia para utilizarla como instrumento para sortear el «no» del Congreso al referéndum de autodeterminación.

El Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente de resolver el recurso del Gobierno de Rodríguez Zapatero contra la Ley de Cataluña sobre Consultas Populares por vía de Referéndum, impulsada por el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) en 2010. Transcurrido el plazo de cinco meses desde el recurso, la ley está en vigor desde junio de 2010. Esta reforma permite convocar una consulta a propuesta del Gobierno catalán, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados del Parlamento catalán, y del 10 por cien de los municipios (de más de 500.000 habitantes). A falta de resolver el recurso, el TC sí estableció que el posible objeto de las consultas tiene que circunscribirse al ámbito de las competencias de la Generalitat. Mientras que la celebración de una eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la obtención de la previa autorización del Estado.

Ayer el Partido Popular instó a CiU y a todos los dirigentes catalanes a que recuperen el «sentido común» que se exige a todos los gobernantes y que abandonen el camino que han emprendido, que «solamente puede traer perjuicios» a los catalanes y al resto de los españoles, según manifestó el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano.

Floriano subrayó que la sentencia del Constitucional sobre la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento autonómico deja muy claro que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que no cabe que sólo algunos dispongan sobre ella. «El derecho a decidir sobre el futuro de España es algo que corresponde a todos los españoles», subrayó.