El TS rechaza definitivamente que García Castellón prevaricase al reabrir la causa contra Podemos por financiación ilegal

El Tribunal Supremo (TS) ha dado carpetazo definitivo al recurso de súplica que presentó en noviembre Podemos después de que la misma Sala rechazase que hubiese prevaricación en la reapertura de la causa por presunta financiación ilegal de los morados decretada por los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Joaquín Gadea.

Los de Belarra acusaron a ambos magistrados de haber prevaricado al volver a abrir la causa en la que se investiga si la formación se financió ilegalmente, blanqueó capital y cometió delitos fiscales, después de que el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal hubiese aportado documentos que supuestamente lo probarían.

Ahora, la Sala de los Penal del Supremo entiende que detrás de la decisión de los jueces instructores no hubo ni mala fe ni un acto de injusticia ya que las declaraciones de Carvajal y la aportación de material guardan una relación directa con el fin de la investigación que se inició en 2016 y se produjeron después de que se hubiera archivado la causa.

Es por ello que, reconoce el TS, ante una nueva información vinculada a los hechos sobre los que pendieron pesquisas, los jueces tuvieron la obligación de investigarlo para poder verificar su realidad.

En el recurso, al que ha tenido acceso "Europa Press", Podemos reclamaba que se revisase la causa y cada una de las resoluciones dictadas por los jueces Garcia Castellon y Gadea para que pudiesen valorar su actuación. Y defendían que no existía justificación para la reapertura porque, sostenían, el testimonio de Carvajal carecía de verosimitud porque había sido solicitada su extradición por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

Como han venido defendiendo en anteriores querellas, los magistrados se habrían "excedido en sus pesquisas" y habrían acordado numerosas "resoluciones arbitrarias e injustas". Denuncian también en el recurso que a consecuencia de ello se investigó de forma ilegitima y exhaustiva las cuentas del partido político y el patrimonio de "personas afines ideológicamente" al mismo.

Sin embargo, la magistrada del TS Carmen Lamela entiende que no se observan los delitos apuntados en el relato que hacen los morados de la actuación de los jueces y, por tanto, rechaza iniciar cualquier tipo de investigación.