La asesora de Begoña Gómez reclama a la Audiencia de Madrid que frene su imputación por malversación

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en Presidencia del Gobierno.

En un recurso directo de apelación que ha adelantado Europa Press, solicita que se "deje sin efecto" su imputación. Su defensa sostiene que no puede atribuírsele un delito de malversación por haber enviado correos como asesora de Begoña Gómez.

"¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa", apunta. Asimismo, incide en que la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación es "contradictoria con la postura del Tribunal Supremo".

"Esta defensa es consciente de que el auto del Tribunal Supremo solo analiza la posición del señor Bolaños, y no la de mi mandante, por lo que su incidencia en este recurso no es tan palmaria como la de las resoluciones de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Instrucción". Sin embargo, explica que trae a colación la resolución "por su claridad y rigor al diferenciar una mera hipótesis de un indicio de delito de malversación".

Carga contra el juez Peinado

De igual forma, se recalca que la imputación también "desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial", que "negó de manera expresa y tajante" que Álvarez "haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye". E incide en que Peinado "contradice" su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez.

Así, acusa al instructor de "cambiar de criterio" poco después "y sin que el resultado de ninguna diligencia de investigación permitiese modificar el relato fáctico atribuido". En este sentido, sostiene que "si se respeta el criterio expresado" por la Audiencia de Madrid "la presente pieza separada, en su totalidad, está abocada al fracaso", denuncia.

" En el marco del escrito, el letrado defiende que Álvarez "prestó las funciones para las que estaba contratada" y que "es disparatado pensar que la remisión de tres emails de carácter privado en un plazo de siete años le hayan impedido llevar a cabo sus funciones, y no consta queja ni incidencia alguna en relación con el cumplimiento de sus obligaciones", plantea la defensa.

Así las cosas, incide en que "la esposa del Presidente del Gobierno es esposa del Presidente del Gobierno las 24 horas del día, de manera que incluso sus actividades más estrictamente privadas precisan del conocimiento, control, y muchas veces compañía de mi mandante", reza la Defensa.