La "reinserción social", el asidero de Daniel Sancho para cumplir parte de la condena en España

El español Daniel Sancho, asesino confeso del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, podrá solicitar cumplir parte de su condena en España una vez haya pasado en una prisión tailandesa la "duración mínima" prevista en la legislación del país asiático. Esa posibilidad, prevista en el vigente acuerdo entre España y Tailandia sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales. Un instrumento de cooperación judicial entre ambos países que marca las líneas rojas para que un preso español pueda aliviar sus condiciones penitenciarias siendo trasladado a nuestro país para terminar de cumplir su condena.

Ese acuerdo (los dos países no tienen un acuerdo de extradición) deja claro que el traslado del recluso solamente puede producirse "si está condenado a una pena de prisión perpetua" o si la pena impuesta por la Justicia tailandesa "establece una fecha concreta que fije su fin", es decir, si la fecha de extinción de la condena está determinada con precisión.

En este sentido, Sancho podría ver frenada esa entrega si fuese condenado a pena de muerte al considerar la Justicia tailandesa que el asesinato de Arrieta fue "agravado" o actuó con premeditación. En ese caso, estaría en manos del rey tailandés y su capacidad para conmutar esa pena por cadena perpetua.

Pero, además, ese instrumento de cooperación entre España y Tailandia precisa que para ese traslado se produzca se tendrá en cuenta que la medida "pueda contribuir a su reinserción social o redunde, en todo caso, en su interés". Del mismo modo, establece que se valorará "la naturaleza y gravedad del delito, especialmente los efectos de este" en ambos estados, "así como las circunstancias atenuantes o agravantes" (que hubiese actuado ofuscado o mermadas sus capacidades cognitivas, por ejemplo, o que hubiese actuado con ensañamiento o de forma premeditada).

Deberá solicitarlo

La buena noticia para Sancho es que, en caso de ser condenado, no incurriría en ninguno de los supuestos que impiden ese traslado a España: que haya delinquido contra la seguridad interior o exterior de Tailandia, o contra el jefe del estado o su familia, o que el delito por el que sea condenado tenga que ver con el "contrabando de antigüedades o tesoros del patrimonio artístico nacional".

Otro de los condicionantes que estipula ese acuerdo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1987 (y que fue firmado por el ministro socialista de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez) es que al condenado le quede por cumplir "por lo menos un año de su pena".

Pero para que todo el proceso se pusiese en marcha a través de la representación consular española, lo primordial es que Daniel Sancho lo solicite. De hecho,España debe ratificar antes de proceder con la tramitación de la petición que "el consentimiento del delincuente a su traslado ha sido dado voluntariamente y con conocimiento pleno de las consecuencias que conlleva".

Pero incluso en el caso de que, tras un periodo en las cárceles tailandesas, el hijo de Rodolfo Sancho siguiese cumpliendo su condena en un centro penitenciario de nuestro país, Tailandia tendría derecho a decidir "sobre cualquier petición destinada a revisar la sentencia". Por lo que podría, por tanto, "modificarla conmutando la pena o reduciéndola", ante lo que España debería acatar esa decisión. Incluso Bangkok tendría la posibilidad de indultar a Sancho encontrándose ya en España.

La semilibertad, en manos de España

Eso sí, una vez en nuestro país, la ejecución de la pena se llevaría a cabo según la legislación española en relación, entre otras cuestiones, a una posible "libertad condicional" o a la progresión de grado penitenciario, lo que sin duda aliviaría el cumplimiento de la condena. En todo caso, Tailandia podría solicitar en cualquier momento "un informe especial sobre la forma de ejecución" de su sentencia en territorio español-

España -que debería correr con los gastos del traslado de Sancho- tampoco estaría en condiciones de agravar la pena impuesta en Tailandia y estaría obligada, asimismo, a poner al corriente al país asiático de la puesta en libertad del chef español o de la adopción de cualquier medida que implique una "libertad vigilada".

Según la orden circular 3252/2003 sobre españoles detenidos y presos en el extranjero, en los casos de que un español condenado en el extranjero tenga la posibilidad legal de cumplir la sentencia en un centro penitenciario español, el personal de la Oficina Consular debe informarle al respecto, "y se le asesorará para que, si lo desea, presente su solicitud de traslado", explicándole asimismo de las "posibles ayudas a las que tendría derecho.