La resaca del informe de la Unión Central Operativa (OCU) sobre el patrimonio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aumenta la presión sobre el PSOE y su presunta financiación ilegal. Gracias a las conversaciones recogidas por la Guardia Civil, se ha detectado la implicación de miembros del PSOE que trasladaban el dinero en metálico a los presuntos cabecillas del "Caso Koldo-Ábalos".

Ante las nuevas ramas de la corruptela que se cierne sus garras sobre Ferraz, el Partido Popular ha movido ficha en el primer paso de una nueva ofensiva para que los socialistas muestre su versión de las pruebas señaladas por la investigación de la UCO tras su segundo informe, después de que el primero en el mes de julio mandase al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, a la prisión de Soto del Real.

En este sentido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha comunicado la decisión de los populares de citar a declarar en la comisión de investigación del Senado a los dos últimos gerentes de Ferraz, Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes, junto a las dos últimas secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, para explicar el origen del dinero que se guardaba en la sede socialista.

Sin mentiras sobre la financiación del PSOE para evitar la cárcel

Es cierto que no será la primera vez que la secretaria, Celia Rodríguez, la empleada que no le gustaba guardar el dinero del 'jefe', y el gerente, Mariano Monero Pavón, tengan que declarar en el seno de la trama Koldo, sin embargo, a raíz del informe de la UCO, las preguntas registradas en la comisión serán afinadas para descubrir su implicación en la salida de los sobres de Ferraz. Además, para los otros dos componentes, será nueva su declaración en la Cámara Alta.

Independientemente de la experiencia de los ponentes ninguno podrá mentir de manera deliberada ante la Comisión de Investigación, ya que al no ser las personas imputadas la legislación no contempla el engaño como una herramienta para defenderse en un organismo como el Senado. Según la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, reflejada en el BOE, que regula las comparecencias en el Senado y en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Comisión, en el caso de que se "dedujeran indicios racionales de criminalidad" en las declaraciones, estaría obligado a notificarlo a la Mesa de la Cámara, para que se traslade hasta el Ministerio Fiscal. De esta manera se podría comenzar a realizar una investigación que acarrearía responsabilidades penales.

Cabe recordar que en su primera comparecencia que duró nueve minutos, Celia Rodríguez, señaló que los pagos se hacían únicamente a través de transferencia bancaria "¿Cómo se hacían? ¿Por transferencia bancaria? "Sí", sentenció en su momento la trabajadora del PSOE. Ahora con el informe de la UCO, ha quedado de manifiesto una contradicción que podría ser trasladada a la vía penal.

Las penas por mentir en el Senado sobre el caso Koldo: de seis meses de cárcel a multas económicas

En base al Código Penal y su artículo 502.3, las personas que mientan sobre la financiación del PSOE o que se encuentren inexactitudes en su testimonio se enfrentarán a responsabilidades penales. La persona que convocada ante una misión parlamentaria de investigación "faltare a la verdad en su testimonio será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses", sentencia el texto.

Por lo tanto, ante las diversas pesquisas señaladas por la UCO, ninguno de las personas que llevará el PP al Senado podrán mentir y por lo tanto, su testimonio aclarará las primeras averiguaciones de la UCO sobre la financiación ilegal del PSOE.