Robles alimenta al PSOE contra el eslogan antidefensa de la izquierda

Pedro Sánchez está determinado a aumentar el gasto en Defensa. La decisión está tomada y ahora hay que vestirla políticamente y aterrizarla en lo concreto de las cifras. En los planes del Ejecutivo –como viene informando desde hace días este periódico– no está recabar el apoyo del Congreso de los Diputados. La mayoría que sustenta al Gobierno no opera en esta derivada y habría que recurrir al PP, en un contexto en el que Moncloa trata de desautorizar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que no quiere legitimar como interlocutor.

No se buscará esta foto con el líder de la oposición, que podría terminar por volatilizar la aritmética de la investidura para lo que resta de legislatura. En Moncloa están a la espera de que se concreten las fórmulas de financiación europea para calcular a cuánto asciende el esfuerzo inversor nacional en Defensa y ver, por extensión, si es susceptible de ser sufragado a través de la ingeniería financiera gubernamental, utilizando la puerta de atrás del Consejo de Ministros.

Cálculo político

Pero, mientras los cálculos económicos se concretan, hay que avanzar en el cálculo político. En el Gobierno son conscientes de que tendrán que aplicar buenas dosis de pedagogía para detallar la renovada apuesta militar, trasladando a la opinión pública la gravedad de la coyuntura global. Para esta tarea, el presidente Sánchez ha «activado» a su ministra del ramo. Margarita Robles, que ha asumido un discreto segundo plano durante los últimos días, dejando los esfuerzos de explicación al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y al propio presidente, tendrá que someterse mañana a una interpelación urgente del PP en el Congreso de los Diputados para que concrete «la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa de su Gobierno».

Sin embargo, antes de dar la cara en la Cámara, la ministra participó ayer en una reunión de trabajo interno en la sede de Ferraz. Se reunió con los portavoces socialistas del área en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y el Parlamento Europeo para «abordar el escenario de seguridad internacional y la implementación en el territorio nacional de las políticas del Ministerio».

Este encuentro, en el que también participó el secretario de Política Institucional y Formación, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, busca pertrechar a sus parlamentarios de argumentos para defender la posición del Gobierno frente a los ataques que están recibiendo desde partidos a su izquierda y derecha para tratar de debilitar su posición. "Invertir en seguridad no significa recortar en bienestar. España ha aumentado el gasto en seguridad sin reducir inversión social ni medioambiental. La estrategia es fortalecer la seguridad sin sacrificar el crecimiento y el Estado del Bienestar".

En este asunto se ha roto el eje ideológico tradicional, y la oposición más cruda la están encontrando los socialistas en sus aliados tradicionales. En Moncloa preocupa que estas voces discordantes coloquen sus mensajes en la opinión pública, que el Gobierno necesita que sea permeable a los nuevos desafíos que hay que afrontar en el futuro, ahora que Estados Unidos ha abandonado la causa europea. En esta dirección se enfocará también el propio Sánchez en su comparecencia del próximo día 26 de marzo, donde fuentes gubernamentales avanzan que podrá concretar algo de información tras su participación en el Consejo Europeo de este jueves.

Hasta ahora, el presidente ha huido de cualquier concreción y ni siquiera conoce el dato actualizado, a 2024, del gasto en Defensa respecto al PIB. El umbral de referencia a alcanzar es el 2%, pero tanto desde la OTAN como desde EE UU se considera ya desfasada por insuficiente. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó ayer, en una entrevista en «Más de uno» de Onda Cero, que la cifra se acercará más al 2,7%. Esto supondría, según sus cálculos, un aumento de 25.000 millones de euros más en cuatro años.

Lo que se traduce en un esfuerzo de inversión anual de más de 6.000 millones. Unas cifras que se alejan de las primeras proyecciones que tiene previsto el Ejecutivo de Sánchez y que se quedarían en la mitad. Este volumen de dinero superaría con creces el margen del Fondo de Contingencia y obligaría a verdaderos equilibrios financieros para no tener que pasar por el Congreso, lo que requeriría un pacto con el PP.