Tribunales
Álvaro Romillo intenta salir de prisión: se revisará el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
El líder del MIC, con el que habría estafado 185 millones, pone en valor su colaboración y que siempre ha comparecido para intentar anular su prisión provisional
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Álvaro Romillo quiere abandonar la cárcel. Sus abogados han presentado un recurso contra su ingreso en prisión provisional que tendrá que resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.
Fue el pasado 7 de noviembre cuando el magistrado José Luis Calama le envió a la cárcel, apoyándose en la existencia de riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Ahora, el líder de Madeira Invest Club (MIC), investigado por la estafa de 185 millones a sus antiguos inversores, apela a que "las circunstancias no han variado" respecto a cuando estaba en libertad y, con ello, resulta desproporcionado que siga entre rejas.
Para la defensa de Romillo, cuando se ordenó su detención el pasado 6 de noviembre (dirigida a asegurar que prestaría declaración al día siguiente ante el instructor), no se tuvo en cuenta que "siempre y en todo momento" fue su intención comparecer. Prueba de ello -señala- es que su arresto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo lugar en un establecimiento hotelero situado las inmediaciones de la propia AN.
En su alegación, conocida por este diario, el empresario que pagó a Alvise 100.000 euros en efectivo hace valer que "siempre ha comparecido cuando fue llamado", sin que hasta su encarcelamiento preventivo se le hubiese impuesto ninguna medida cautelar. Ni se le fijaron comparecencias periódicas en sede judicial, ni el magistrado José Luis Calama le retiró en ningún momento el pasaporte.
Sobre el peligro de destrucción de material probatorio, defiende que "todas las pruebas susceptibles de ser manipuladas o destruidas se encuentran ya incorporadas al procedimiento" tras un año y dos meses de investigación judicial.
Asimismo, pone en valor que ha remitido cada documento que le ha sido requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4, "aportando multitud de datos que ni tan siquiera han sido analizados" aún por la UCO al no figurar en los últimos informes remitidos.
"Esta actuación, tratándose de un requerimiento voluntario," demuestra "la predisposición de nuestro mandante de colaboración es un acto palmario y notorio que no admite contradicción", señala su letrado, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis Abogados.
