Rosa, la abogada de la DANA: sin ayuda y discriminada en el juzgado

Rosa lleva ejerciendo la abogacía durante 24 años en Valencia, desde el despacho que tiene en un bajo de la localidad de Aldaya, colindante con la capital valenciana. Este despacho quedó arrasado e inutilizado a causa de la DANA. Lo perdió todo y sigue sin nada. LA RAZÓN accede a su historia a través del único sindicato de abogados que existe en nuestro país, Venia.

La gota fría la dejó a Rosa también serios problemas de salud, concretamente una grave fascitis en los pies a causa de las semanas que pasó calzando solo botas de agua mientras achicaba fango en su despacho. Esta dolencia, a la que se suma un brazo que se le duerme y dolor en las cervicales, no se le acaba de curar, sino que va a más con el paso del tiempo. Por ello está de baja médica desde el pasado noviembre.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia la convocó para una audiencia previa civil para el 14 de enero. Esta letrada, que tiene dos hijos menores, presentó un escrito pidiendo la suspensión, explicando que tenía pruebas médicas ese día, y que estaba en situación temporal de incapacidad laboral. En definitiva, que no estaba en condiciones de atender el asunto. Le subrayó al juez que, además, al ser una víctima del desastre, está amparada por la ley para posponer hasta su alta el señalamiento.

El instructor se opuso y ella, inmediatamente, recurrió la negativa en reposición. Entonces, el titular de este juzgado valenciano dio traslado al resto de partes, al abogado del otro demandado y al letrado del demandante, en este caso. Ella representa a otro de los demandados.

La representación legal de la persona que llevó ante la Justicia a su cliente se mostró contrario a la suspensión por las razones de salud que Rosa expuso y la llegó a acusar de estar llevando a cabo una maniobra dirigida a dilatar las actuaciones en el procedimiento.

Justo un día antes de la audiencia previa, el juez volvió a negarle la suspensión, justificándolo en que solo se puede suspender la cita judicial si no han pasado 30 días de baja. Quedó expulsada del procedimiento y otro compañero, abogado de confianza, la sustituyó. Perdió así, pese a tener la razón, un caso en el que llevaba tiempo trabajando.

El asunto ya está en manos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), después de que Rosa les remitiese un escrito en el que exponía la posición adoptada por el magistrado, pero también la falta de solidaridad que mostró otro colegiado con su «no» al aplazamiento por los problemas médicos que sufre. «No cabe esperar ya nada ni de algunos compañeros». De momento, su queja sigue sin respuesta y se plantea elevarla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque «es una injusticia absoluta».

Para esta profesional de la abogacía, según explica a LA RAZÓN, esta situación no es nueva: le ha hecho retrotraerse a su época de embarazo. Rosa recuerda cómo, mientras estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones en el parto, se vio obligada a seguir redactando escritos desde el móvil. «Mientras sangraba, fue terrible», relata a este diario.

Esa nula comprensión e inexistente amparo la sufren diariamente los letrados, y contrasta con la «manga ancha» de la que disfrutan, a su juicio, los jueces a la hora de suspender un señalamiento «solo porque les duele la cabeza o hace mucho aire ese día».

Una muestra más de la arbitrariedad es que, en este procedimiento del que fue apartada por estar enferma, el juez ha decidido fijar la fecha de celebración del juicio para un año después, en febrero de 2026. La legislación, recuerda Rosa, establece que, tras una audiencia previa, se debe dejar el asunto visto para sentencia en el plazo máximo de un mes. Desde el juzgado se parapetan en que «el sistema está así de colapsado y es lo que hay».

Pero, más allá de incumplimientos judiciales, a ella lo que más le preocupa en estos momentos es que sigue sin haber recuperado el despacho donde desarrollaba el trabajo del que depende para comer. La DANA se llevó por delante todo porque el nivel del agua llegó al metro y medio. Ya nada vale, ni siquiera la silla en la que se sentaba a estudiar la estrategia judicial a seguir para un procedimiento ni la que ofrecía a sus clientes. Toda la documentación, que estaba depositada en una estantería hoy derrumbada, fue también arrasada por la DANA.

Y lo peor de todo es que sigue sin recibir ninguna ayuda. Ninguna señal de apoyo ni del Gobierno de Sánchez ni tampoco del Gobierno de Mazón. «Seguimos solos mientras ellos se pelean».