Este pasado lunes, Felipe González definió con una sola frase la situación de desgobierno en que se encuentra el país en el transcurso de la entrevista que le realizó Susanna Griso en «Espejo Público»: «una cosa es gobernar y otra salir del paso».

El famoso relato de la resiliencia de Pedro Sánchez es, sencillamente, la incapacidad para articular un proyecto político y es el precio que se paga por tener el poder cuando has sido derrotado en las urnas.

El bloque de investidura es una coalición negativa que aglutina una amalgama de intereses, en muchos casos contrario a los intereses del Estado. Que los independentistas supremacistas capitaneados por Puigdemont, los herederos de ETA, los nacionalistas y el populismo izquierdista de Sumar y Podemos pueda ponerse de acuerdo para algo más que impedir un cambio de ciclo, es altamente improbable.

Si a esa situación se añaden las presuntas tramas de corrupción que han tejido las personas de confianza de Sánchez y que amenazan con salpicar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la situación adquiere el grado de emergencia.

En esas circunstancias, seguir apostando por terminar la legislatura en 2027 no solo es un propósito irreal, sino que es una temeridad para los intereses generales. Salir del paso significa que para que Sánchez siga siendo presidente, tendrá que satisfacer la voracidad del independentismo catalán, obtener el visto bueno de un fugado de la Justicia, apechugar con las estridencias de los socios de gobierno y justificar los procesos judiciales abiertos en torno su familia desacreditando al Poder Judicial.

El deterioro de las instituciones ya es importante y la recuperación del prestigio perdido complicada. La apertura del curso judicial escenificó la ruptura entre el Poder Ejecutivo y los jueces y magistrados y situó a España en una situación inédita en las democracias occidentales.

No hay explicación razonable que justifique que Álvaro García Ortiz se mantenga en el cargo, a no ser que Sánchez necesite el precedente de un responsable de una alta institución del Estado que, estando procesado, se niegue a apartarse por sí, en algún momento, quien resulte investigado por los tribunales sea él mismo.

El PSOE perdió su visión de Estado cuando Sánchez llegó a la sede nacional de la calle Ferraz. Que haya decidido aferrarse al poder improvisando, mercadeando con sus aliados y de espaldas a un Parlamento en el que no cuenta con mayoría suficiente para aprobar ninguna iniciativa que no sea autorizada por Carles Puigdemont, es el camino para la desaparición de un partido que tiene 146 años de historia.