El Gobierno está manteniendo intacto su apoyo a la Global Sumund Flotilla, a pesar de que las embarcaciones que la componen no siguieron su recomendación de no adentrarse en la zona de exclusión dictada unilateralmente por Israel. A lo largo del día de ayer, tanto Pedro Sánchez como sus ministros intentaron trasladar la imagen de que el Ejecutivo está velando por los integrantes del convoy en todos los niveles posibles, desde el diplomático al de seguridad, pasando también por el judicial.

Sin embargo, esto no está siendo suficiente para los distintos socios de Sánchez. Ni en el Gobierno ni en el Congreso. Critican al Ejecutivo por haber tenido una respuesta excesivamente "tibia", piden que se rompan relaciones diplomáticas con Israel, consideran que el barco de la Armada tenía que haber acompañado a la Flotilla y un largo etcétera en el que Moncloa parece arrastrar los pies.

Mientras, las calles de ciudades como Madrid y Barcelona se llenaron de manifestantes que protestaban por lo que consideraban el "secuestro de la flotilla". Y aunque muchas de las consignas iban dirigidas al país hebreo, también recibió críticas el Ejecutivo. "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", gritaban algunos frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, lugar en el que se concentró la protesta de la capital, en vez de frente a la Embajada de Israel.

Desde Copenhague, Pedro Sánchez pidió "reconocer y aplaudir la solidaridad que expresa la socieda española" y las demás sociedades representadas en la Flotilla y aseguró que desde España "vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del Gobierno israelí".

De hecho, la Fiscalía acabó ayer anunciando que abriría una investigación sobre la interceptación y que la incluiría en las pesquisas que abrió el 18 de septiembre ante las posibles violaciones del derecho internacional por la ofensiva del Ejército israelí sobre Gaza. Y aunque Sánchez no descartó "acciones", tampoco especificó de qué se podría tratar.

Algo más concreto fue el titular de Exteriores, José Manuel Albares. Sobre si Israel podía tomar acciones legales contra los retenidos, dijo que "no tenían ningún ánimo de hostigamiento ni de realizar cualquier tipo de acción ilegal, por lo tanto, entiendo que no se les debe acusar absolutamente de nada". También dijo que "tienen que estar libres y de regreso a España de manera inmediata", convocó a la encargada de negocios de Israel en España y anunció que el cónsul de España en Tel Aviv se había dirigido, con agentes de la Guardia Civil, al puerto donde desembarcarían los integrantes de la Flotilla.

Pero esto no ha sido suficiente para muchos, tampoco para los socios de Gobierno de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo que el buque de la Armada tenía que haber dado "todo tipo de acompañamiento y seguridad a la Flotilla". "Son españoles y españolas, y tienen que ser protegidos", añadió. También pidió al presidente del Gobierno que, por "coherencia", materializase el discurso que dio la semana pasada ante la ONU y añadió: "No sé las razonas que motivan cierta tibieza del PSOE", añadió.

Díaz también exigió romper todo tipo de relaciones diplomáticas con Israel. Igual lo hizo Sira Rego, de Izquierda Unida, que calificó la acción del país hebreo como un "secuestro" y reclamó la expulsión de España de la misión diplomática israelí.

A este descontento habría que añadir la postura de Podemos, que también se mostró muy crítico con Sánchez y sus dirigentes se sumaron a la protesta frente a Exteriores, y el descontento de otros partidos más pequeños y asociaciones civiles. Esta situación está elevando la presión sobre el Gobierno central y tendrá su culmen mañana, en una manifestación en Madrid que se prevé multitudinaria.