La guerra institucional que asola España se cobró ayer una víctima clave del aparato del Estado. El Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en el caso de evasión fiscal que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alto tribunal le inhabilitó para el ejercicio de su cargo por dos años. De manera que al Gobierno no le queda más remedio que nombrar «en los próximos días» a un sustituto. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de advertir a los españoles que «respeta» el fallo (la sentencia todavía se tiene que redactar), pero no lo comparte, porque sigue creyendo firmemente en la inocencia de García Ortiz.

El ministro también quiso dejar claro que el elegido –o elegida– para dirigir el Ministerio Público será «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Lo cierto es que nunca antes en casi medio siglo de vigencia constitucional desde el fin de la dictadura se había producido un choque tan grave entre poderes, jaleado desde la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez se tomó el procesamiento del fiscal como un asunto personal y ha sufrido su primera gran derrota.

El líder socialista lleva más de un año provocando a buena parte de la judicatura, a la que acusa de querer derribarle como sea, a cualquier precio. Al jefe del Ejecutivo le incomodan los togados que investigan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David, y les acusa de hacer política por el mero hecho de indagar si han incumplido la Ley. Pese a que Bolaños intentó ayer, en una comparecencia desde Moncloa sin periodistas, bajar la intensidad de los cañonazos, lo cierto es que el Ejecutivo, que lleva desde septiembre calentando el ambiente electoral, usará el disparo a quemarropa al fiscal general para amplificar el discurso del «golpe judicial».

La situación es tan grave, que el ministro se permitió la licencia de dirigirse a los «progresistas» para que asuman que «la discrepancia con la sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones». «España es un estado de Derecho», remachó. Ahora, una vez confirmada la condena, el Gobierno la usará como munición para su guerra de resistencia, porque Pedro Sánchez no va a dejarse torcer el brazo pese a los innumerables frentes que le asedian. El simple hecho de que el fiscal se mantuviera en su puesto hasta el momento de ser condenado evidencia cómo se ha tomado el presidente este duelo. Pero en Moncloa no importa el golpe político que implica el fallo del Supremo, porque Sánchez siente legitimado para seguir por el mero hecho de «cuidar lo público».

Hace casi un año que Sánchez insinuó que la oposición tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite al PP y a algunos de sus «fontaneros», como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, jugar con las «cartas marcadas».

Aquel comentario del líder socialista no sentó nada bien en el órgano de gobierno de los jueces, cuya presidenta, Isabel Perelló, tuvo que salir a defenderlos de las acusaciones de «lawfare» de Sánchez. Y ahora sigue el plan: García Ortiz será un mártir que enseñar en la plaza pública para demostrar a los progresistas de España que van a por ellos. La caída del fiscal es gasolina electoral.

Así pues, se esperan semanas calientes mientras el Tribunal Supremo asume ahora la tarea de redactar la sentencia. Hasta el momento solo se conoce el fallo, que se adelantó a las partes para evitar una indeseada filtración del mismo. A falta de conocer sus razonamientos, la condena ya deja prever que García Ortiz no saldrá bien parado ni de la filtración del famoso correo del 2 de febrero, ni tampoco de la nota que él mismo mandó redactar desde la Fiscalía General y que incluyó extractos de las comunicaciones intercambiadas entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales.

Aunque las acusaciones pedían entre tres y seis años de cárcel para él, el tribunal (con un resultado de cinco frente a dos) le condenó únicamente a inhabilitación y a una multa de 7.200 euros. Además, se le impuso el pago de las costas procesales del juicio y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, quien en sede judicial dijo que esta filtración le había destrozado la vida. «O me voy de España o me suicido», llegó a decir.

La ausencia de sentencia hace que los principales actores no se quieran pronunciar por el momento. Desde la Fiscalía General prefieren no hacer declaraciones, y desde el entorno de Alberto González Amador trasladan a este medio que se pronunciarán cuando conozcan los razonamientos jurídicos del fallo.

Pero de lo que nadie duda es de que este juicio es histórico (nunca antes se había juzgado y condenado a un fiscal general en activo) y de que deja muy tocada a la institución que todavía representa. El fallo supone, además, un varapalo a la Fiscalía que cerró filas con García Ortiz y pidió su absolución al considerar que no había prueba alguna que constatara que él filtró el correo de González Amador.

Frente a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado (que ha representado al investigado), se han situado las acusaciones. Tanto la particular (representada por la pareja de Díaz Ayuso) como las populares (ICAM, Manos Limpias, APIF, Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír) apuntaron a los indicios recabados en la instrucción para apuntalar su responsabilidad en este proceso. Fueron seis jornadas de juicio con 40 testigos que no han puesto fácil la deliberación al tribunal de la Sala Segunda.

Si contundentes fueron los testimonios de los periodistas que declararon como testigos que accedieron al documento clave antes de que lo recibiera el fiscal general en su cuenta de correo personal a las 21.59 horas del 13 de marzo, más lo fue el testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que dijo que le acusó directamente de filtrar el correo en una llamada telefónica cruzada entonces. «Eso ahora no importa», asegura que le contestó el fiscal general.

También se prevé que la sentencia se pronuncie sobre la nota de prensa que se difundió desde la Fiscalía Provincial de Madrid la mañana del 14 de marzo y que contenía entrecomillados de las comunicaciones privadas que se intercambiaron el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto. Aunque en el auto de apertura del procedimiento se quitó relevancia a la nota y se puso el foco en los correos, durante la vista ha vuelto a cobrar protagonismo, toda vez que el fiscal general reconoció su autoridad en todo lo relacionado con la elaboración y redacción de la misma.

«La verdad no se filtra, la verdad se defiende», enarboló García Ortiz desde el banquillo de los acusados hace apenas una semana, cuando todavía se estaba celebrando el juicio. A todo ello hay que añadir que la revelación de secretos en el caso de García se agrava a tenor del cargo que ostenta. En cualquier caso, el tribunal declinó condenarle por infidelidad en la custodia de documentos o prevaricación; los otros dos delitos que incluyeron las acusaciones.