Sánchez pone a trabajar a cuatro ministros para frenar la inmigración

A tan solo quince días para que finalice el año y con 200 llegadas solo en el día de ayer a las Islas Canarias, el Gobierno reacciona y pone a trabajar a cuatro de sus 22 ministros para buscar una solución al drama migratorio. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares lo hace desde el terreno, concretamente, Senegal y Mauritania mientras que los titulares de Interior, Fernando Grande- Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y de Inclusión, Elma Saiz lo intentan desde las Islas Canarias, acompañando a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. De los cuatro ministros que tratan de contener las llegadas irregulares, dos de ellos, Torres y Saiz, se estrenan en este objetivo. El primero de ellos, el canario Ángel Torres conoce de primera mano la situación en el archipiélago canario y tuvo que encarar la anterior oleada de llegadas en medio de la crisis sanitaria cuando ostentaba la presidencia de la comunidad. Anunció ayer que los próximos presupuestos contarán con un partida 5,3 millones para este asunto Por su parte, Saiz, que sustituye en el cargo a José Luis Escrivá, debuta anunciando la celebración de la sectorial de Migraciones para antes de final de año tras su suspensión en noviembre.

El asunto no es baladí. Desde 2006, durante la llamada «crisis de los cayucos», el archipiélago canario no registraba una cifra de llegadas irregulares tan altas como las actuales. Más del doble de inmigrantes, en comparación con el año pasado, han arribado en los primeros once meses del año hasta las Islas Canarias, un 134% más. Además, en todo el territorio español tanto por vía marítima como terrestre el incremento es del 73%, hasta las 50.551 personas frente a las 29.223 del año pasado. Con estos números y los recursos de acogida tensionados, el tiempo apremia para evitar un colapso.

Hasta Senegal se desplazó el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares para reunirse con su homólogo Ismaila Madior Fall para discutir el incremento de la llegada de cayucos este año a Canarias, buena parte de los cuales parten desde las costas senegalesas. Precisamente esta ruta ha experimentado un crecimiento sustancial respecto a 2022 como consecuencia de la tensión política en las calles del país tras la condena a prisión del opositor Ousmane Sonko. En Dakar, el ministro de Exteriores anunció la renovación del compromiso de ambos países «con la urgente necesidad de luchar contra las mafias» y puso como ejemplo el trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen en el país africano desde 2006 con sus colegas senegaleses. España mantiene en Senegal una dotación permanente que actualmente está compuesta por un total de 38 efectivos (33 guardias civiles y 5 policías nacionales), dotados de cuatro embarcaciones, un helicóptero y 13 vehículos todoterreno, para realizar misiones de patrullaje conjunto (tierra, mar y aire). Además, según anunció el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, desde el pasado 17 de octubre un avión CN-235 de la Guardia Civil se ha desplegado en Dakar para patrullar las costas de Senegal y Mauritania. 

Pese a este incremento de recursos, las llegadas no cesan ni tampoco las muertes en la que es considerada unas de las rutas más mortíferas. Por ello, desde Canarias, los titulares de Interior, Fernando Grande- Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y de Inclusión, Elma Saiz mantuvieron una reunión de trabajo con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson y la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moor para conocer las diferentes instalaciones habilitadas para dar respuesta a la crisis humanitaria y migratoria de las islas, como el Centro de Coordinación Regional de Canarias, gestionado por la Guardia Civil y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Sobre la mesa también estuvo muy presente el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, un complejo paquete legislativo del que la UE se quiere dotar para prevenir las llegadas de migrantes irregulares y gestionar mejor las solicitudes de asilo. España lo ha convertido en una de las prioridades de su presidencia europea,en el que se avanza pero todavía no lo suficiente.