José Luis Escrivá: el descontrol de la inmigración

Afronta la polémica distribución de miles de inmigrantes llegados a Canarias y repartidos por cada autonomía. El archipiélago, en especial la isla de El Hierro, se ha convertido en una marea humana a bordo de pateras y cayucos. Ante tal crisis migratoria el gobierno en funciones decidió el traslado a la Península para descongestionar los centros de acogida en Canarias totalmente desbordados. El ministro responsable del ramo, José Luis Escrivá, ha cifrado en unas seis mil personas las trasladadas a territorio peninsular en terrenos, cuarteles en desuso del ministerio de Defensa, hoteles y albergues. Escrivá no detalla información sobre los destinos concretos, tan solo conocidos por las delegaciones del gobierno, los municipios afectados o las ONG implicadas en su atención. Un auténtico descontrol, en palabras de los presidentes de Madrid y Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, las comunidades que más inmigrantes han recibido hasta la fecha. Varias autonomías han urgido al ministro a convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración para saber la cantidad exacta de los afectados, el reparto en las comunidades, cómo será el traslado y planificar conjuntamente los recursos.

Las CCAA gobernadas por el PP acusan al gobierno en funciones de «deslealtad institucional» por avisar de los traslados con tan sólo 24 horas de antelación, a lo que José Luis Escrivá recuerda que la competencia es estatal y no está obligado a ello. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones critica la «poca solidaridad» del PP en este asunto, en especial ante el grupo de menores no acompañados que llegaron a Canarias y cifró en 3.500. Ante una crisis de este tamaño considera que las autonomías bajo gobiernos del PP «son insolidarias» y exigió una responsabilidad colectiva. La respuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se hizo esperar y tildó las palabras del ministro de «irresponsables y falsas». Feijóo acusó al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de pasar de «abrazar inmigrantes en el buque Aquarius en el puerto de Valencia a dejarlos en paradas de autobús con rumbo incierto». Para el jefe de la oposición esto es una «absoluta descoordinación, una enorme improvisación que produce gran tensión con alcaldes y presidentes autonómicos». Escrivá, revuelto, responde que «el señor Feijóo miente», y añade que durante los traslados el personal que trabaja con Inclusión acompaña a los migrantes hasta los centros de acogida donde son atendidos por las ONG.

El ministro insiste en que las comunidades fueron informadas de los traslados «cuando se ha tenido todo claro», pero que las instituciones que atienden a los migrantes son de competencia exclusiva estatal, lo que choca con su petición de colaboración por parte de las CCAA y Ayuntamientos. En medio de este drama humano, el caos es de campeonato, Escrivá se contradice e insiste en que no se informó en un primer momento de los traslados porque son estancias cortas y las gestiona el ministerio. Reiteró que estas estancias de los llegados a canarias no superan la duración de un mes, sin presión para los servicios públicos. Las CCAA y Ayuntamientos gobernados por el PP también han exigido una reunión urgente de la federación de Federación de Municipios y Provincias con el ministerio, a lo que Escrivá responde con acusaciones de desconocer cómo funcionan los centros de acogida. «Tienen nula capacidad de colaboración porque lo gestiona este ministerio», sentencia el ministro peleón y enfurecido.

Desde que llegó al gobierno ha tenido vivas polémicas. Incendió el panorama social con su anuncio de subir las cotizaciones a la Seguridad Social para asegurar el pago de las futuras pensiones, en un claro desafío a los socios comunistas de la coalición. José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España es el permanente azote de Unidas Podemos, el implacable «bicho negro» con los ministros morados del Ejecutivo. Sonoras fueron sus trifulcas con el entonces vicepresidente Pablo Iglesias y opina que la polémica sobre las pensiones «es una absoluta serpiente» aireada cada cierto tiempo por los podemitas. Lo cierto es que este ortodoxo economista no se calla ni cesa en sus objetivos para garantizar el MEI (mecanismo de equidad intergeneracional) destinado a salvaguardar la sostenibilidad del sistema y afirma que se limita a cumplir el Pacto de Toledo y los postulados del Plan de Recuperación presentado ante la Comisión Europea. «No hay nada nuevo», insiste frente a la polvareda levantada. Curiosamente su trayectoria política siempre estuvo ligada al PP, desde que su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le nombró en 2014 primer presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal (AIREF), órgano creado por el gobierno de Mariano Rajoy a instancias de la Unión Europea para fiscalizar las cuentas públicas.

Su designación despertó recelos en sectores del PSOE y continuos enfrentamientos con Unidas Podemos en medidas como el ingreso mínimo vital, el sistema de pensiones, la exclusión social o la política migratoria. Con fama de ortodoxo y experto en econometría, Escrivá se define como un profesional independiente y ha estado muchas veces en la lista de cesantes del gobierno, pero Sánchez siempre decidió mantenerle en ese difícil juego de equilibrios, donde no se achanta en defender sus teorías. Tampoco su relación con Yolanda Díaz es buena, pues defiende la necesidad de tener en cuenta las nuevas realidades del mercado laboral y las «carreras más volátiles», donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores. Nacido en Albacete, nadie niega su sólida formación tras pasar por diferentes cargos en el Banco de España, Banco Central Europeo, Banco Internacional de Pagos y la Red de Instituciones Fiscales Independientes (EUIFIS) de la Unión Europea, con sede en Bratislava. En su entorno aseguran que es un hombre campechano, muy directo, que solo «tuitea» sobre asuntos económicos. Apasionado del mar, veranea en Jávea, Alicante, dónde le gusta navegar y jugar al golf. Ante el polvorín migratorio, es de nuevo «el ogro» del Gobierno.