Terrorismo

Los testigos protegidos que han declarado contra ETA participaron en asesinatos ordenados por sus jefes

Conocían, por ello, de primera mano el mecanismo de transmisión de las consignas a las células. Su declaración abre la posibilidad de sentar en el banquillo a cabecillas ahora en libertad

“Caso Miguel Ángel Blanco”: la incomparecencia de la Fiscalía obliga a aplazar la declaración de “Kantauri”
José Javier Arizcuren, "Kantauri"

Los dos testigos protegidos, TP-GC-001-S9/97 y TP-GC-002-S-9/97, que han confirmado ante la Audiencia Nacional que eran los cabecillas de ETA los que daban las órdenes precisas en el caso de atentados selectivos, como el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, saben de lo que hablan ya que tiene experiencia propia al respecto.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del proceso hasta decidir colaborar con la justicia, ambos etarras participaron en asesinatos expresamente ordenados por los jefes de la banda criminal cuando formaban parte de sendas células terroristas. Crímenes cuya autoría, lógicamente, ha quedado acreditada. “Si el resto de los miembros de la banda siguieran el mismo camino –subrayan las referidas fuentes—en poco tiempo quedarían esclarecidos los más de 300 asesinatos cuya autoría se desconoce a fecha de hoy”.

El paso dado por los dos terroristas, similar al que realizó en su día el miembro del “comando Madrid" Juan Manuel Soares Gamboa, marca un antes y un después dentro de la “ormetá” que, como organización mafiosa que es, mantiene férreamente ETA respecto de sus miembros. Sin duda, corren el riesgo, tanto ellos como sus famlias, de ser sometidos a un linchamiento público (o cosas peores, como ocurrió con el IRA), por lo que se da como seguro que se habrán adoptado las medidas precisas para su protección y anonimato. De lo que no cabe duda, es que el mundo de ETA trata de identificarlos.

Hay que tener en cuenta que gracias a sus testimonios varios cabecillas de ETA (hasta 12) podrán ser juzgados por haber ordenado distintos atentados y, si están en libertad y son condenados, tendrán que volver a prisión. Algo que no estaba en los planes de la negociación que se desarrolló entre el Gobierno socialista y los pistoleros, a cuyo brazo político se le prometió, como así ha sucedido, su participación en política y que no habría impedimentos judiciales para ello, según se ha confirmado recientemente de forma oficial.

De golpe, el antiguo entramado político de ETA, socio preferente del actual Gobierno social-comunista, que se las prometía tan felices y que, en prueba de agradecimiento, ha incluido a una cuarentena de etarras en sus listas municipales, se enfrenta a un problema de consideración.

La justicia y las Fuerzas de Seguridad, que nunca han parado de trabajar para aclarar los crímenes de ETA, van a sentar en el banquillo de los acusados a los cabecillas de la banda por decenas de asesinatos que ordenaron expresamente. El panorama de impunidad se ha roto de la noche a la mañana y las víctimas ven, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de luz para el cumplimiento de sus justas demandas.

Las declaraciones de los dos testigos protegidos no pueden ser más contundentes:

-- La Dirección (de ETA) emitía las órdenes para llevar a cabo acciones terroristas, y estas eran transmitidas al comando a través de su responsable, que en nuestro caso era "Anboto" (Soledad Iparraguirre Guenechea)».

--En el período de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, los militantes de la organización terrorista que formaban parte del Comité Ejecutivo eran María Soledad Iparraguirre "Anboto"; José Javier Arizcuren, "Kantauri"; "Txapote" ( Javier Gacía Gaztelu); Mikel Albisu. "Mikel Antza", e Ignacio Gracia, "Iñaki de Rentería"».

-- Por conocimiento propio, y a través de otros miembros de la Organización en prisión, estaban integrados en el Comité Ejecutivo de ETA (los antes citados) y también Julián Achurra, "Pototo". Que, como ejemplo de ello, creo recordar que tras la liberación del funcionario de prisiones Ortega lara, ETA, su Dirección, en la cual se encontraba "Mikel Antza", tenían todo preparado para dar respuesta a la liberación por Guardia Civil del citado funcionario y que se materializó con el secuestro y ejecución de Miguel ÁngeI Blanco.

-- Con "Anboto" por ejemplo, tenía contacto directo en calidad de responsable del comando en que estaba integrado, y con la que llegué a tener mínimo una cita con ella que yo recuerde. También tuve citas con "Kantauri" y con "Mikel Antza".

-- En nuestras conversaciones en prisión, se hacía referencia a la necesidad de seguir la línea de actuación que había sido marcada por la Dirección de la Organización" respecto a los asesinatos de miembros del Partido Popular.

-- Por ejemplo, para realizar algún secuestro, sí que había que consultarlo con la Dirección, y recibir la autorización de los miembros de la misma. Contra guardias civiles o fuerzas de seguridad no había que consultar, ya que anteriormente la Dirección dio vía libre para llevar a cabo ese tipo de acciones. Contra políticos sí que había informaciones que nos dieron. Esas informaciones ya venían elaboradas y venían de nuestro responsable del comando, en Francia. En acciones específicas, como las cometidas contra varios camiones de empresas por no pagar el impuesto revolucionario, sí que había una autorización previa por parte de los miembros de la Dirección.

--Atentados del calibre como un político se necesitaba la autorización expresa de los integrantes de la estructura directiva de ETA, en este caso del Comité Ejecutivo. Bajo mi punto de vista, yo pienso que el Comité Ejecutivo podría haber evitado la comisión del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Prácticamente, estaba sentenciado desde su secuestro.

Estos testigos han hablado de Miguel Ángel Blanco, pero lo revelado vale para todos los demás atentados selectivos, no sólo contra políticos del PP, PSOE, UPN, sino contra dirigentes de la Ertzaintza, empresarios y periodistas. Se abre una nueva etapa en lo que a enjuiciamiento de la actividad criminal se refiere y no estaría de más que se pudieran llegar a calificar todas estas actuaciones delictivas como de lesa humanidad.