Los agentes de la Guardia Civil que practicaron el registro del domicilio de Isabel Pardo de Vera localizaron varios documentos de Adif, ente que presidió en la pandemia y, en concreto, uno relativo a la adquisición de cinco millones de mascarillas FPP2 en pandemia. Se trata de documentos que los agentes interceptaron en el marco del registro ordenado por la Audiencia Nacional el pasado 26 de junio para investigar su presunta implicación en la trama Koldo.

El magistrado Ismael Moreno ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) que se personara en el domicilio familiar de la expresidenta de Adif y también del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, a quienes acaba de citar como imputados el próximo 21 de julio. El registro comenzó de manera simultánea pasadas las 8.00 horas de la mañana y se alargó hasta mediodía. En el caso de Pardo de Vera se llevó a cabo a través del auxilio judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, ciudad donde tiene fijado su domicilio familiar.

De las actas de la diligencia, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende que en el momento de los hechos se encontraban en la vivienda únicamente el marido y la hija de la expresidenta de Adif. El registro comenzó por el salón, donde se incautaron de una libreta con anotaciones manuscritas como "pieza 1", así como documental en un armario relativa al ente dependiente del Ministerio de Transportes.

Contratos de la trama Koldo

De entre dicha documental destaca un acuerdo del Consejo de Administración relativo al contrato de emergencia para el suministro de mascarillas FPP2 de 26 de marzo. Cabe destacar que Adif fue uno de los entes que adjudicó a Soluciones de Gestión los primeros contratos de emergencia en pandemia. En concreto, el primero de los contratos suscritos con la firma de Juan Carlos Cueto lo firmó Puertos del Estado por 20 millones de euros el 21 de marzo y el segundo Adif por 12,5 millones de euros el 27 de marzo.

De acuerdo con el acta elaborada por el juzgado, el expediente del contrato que conservaba Pardo de Vera coincide con el que firmó Adif con la empresa clave de la trama, por lo que se trataría del mismo. Con todo, también atesoraba más documental del ente público como, por ejemplo, un acuerdo del Consejo de Administración del 28 de abril de aquel 2020.

Del mismo modo, la UCO se llevó un portátil y clonó la cuenta de correo personal de Pardo de Vera que tenía abierta en uno de sus dispositivos. También se localizó una conversación de Whatsapp con el contacto "Isabel Pardo de Vera" que también exportaron para su posterior análisis. Tras ello se unificó todo en una misma carpeta y se creó un hash para garantizar la cadena de custodia y la salvaguarda del material incautado.

Imputada por cinco delitos

El registro se ordenó después de que el Tribunal Supremo remitiera esta parte de las actuaciones a la Audiencia Nacional. El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, derivó a su homólogo en la Audiencia Nacional la parte de las pesquisas que afectan a Pardo de Vera y a Javier Herrero ante los "consistentes indicios" que aparecen contra ellos en el último informe de la UCO aportado al sumario. En concreto, expuso que la directiva habría mediado para que las adjudicaciones bajo sospecha "pudieran llegar a buen término" facilitando "de manera inmediata" la información de algunos expedientes.

Puente entendió que el órgano para investigarles es la Audiencia Nacional dado que sus conductas fueron "instrumentales" a la finalidad perseguida por Ábalos, por lo que vio factible separara esta parte de las diligencias de las que se siguen en el alto tribunal contra el exministro de Transportes. Con todo, Pardo de Vera ya figuraba como imputada por la contratación en Ineco y Tragsatec de Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos.

4.750 euros en casa de Herrero

De hecho, el magistrado ya le había citado para principios de mes, pero suspendió esta imputación tras aportar la UCO su último informe. De esta manera les ha imputado ahora por su presunta implicación en la trama de amaño de obras públicas y les ha citado el 21 para que respondan por todos los hechos que se le atribuyen. En el caso de Pardo de Vera se le imputan un total de cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

En el registro del domicilio madrileño de Javier Herrero, los agentes se incautaron de un teléfono iPhone, un ordenador portátil, cerca de una decena de USB, documentos varios y 4.750 euros en efectivo, repartidos en 20 billetes por valor de 50 euros y 34 billetes de 100 euros.