Qué ocurre si vivimos en un bajo y la comunidad nos obliga a pagar el ascensor: esto es lo que dice la ley

El debate sobre si los propietarios de bajos o locales deben pagar el ascensor en sus comunidades sigue siendo habitual en muchas reuniones vecinales. La respuesta, sin embargo, está claramente recogida en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH): todos los titulares de inmuebles en un edificio están obligados a sufragar los gastos comunes que no se pueden individualizar. Esto incluye tanto la instalación del ascensor como su mantenimiento, reparaciones y derramas, salvo que exista un acuerdo expreso en junta que indique lo contrario.

Aunque los vecinos de los pisos inferiores no utilicen el ascensor, la ley considera que este tipo de mejora repercute en el valor global del inmueble. Por lo tanto, su financiación corresponde al conjunto de los propietarios. En caso de impago, no se aceptan justificaciones económicas: la deuda pasa a calificarse como morosidad y puede derivar en embargos, según lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La revalorización, un beneficio del que no se suele hablar

El criterio ha sido avalado en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo. Entre las resoluciones más relevantes, figura una sentencia de 2016 que obliga a todos los propietarios a sufragar la instalación del ascensor. A esta se suman fallos posteriores como el de 2021, que amplía el deber de pago a obras de accesibilidad a nivel de calle, y los de 2018 y 2019, centrados en mejoras estructurales como la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la denominada 'cota cero'.

Más allá de lo legal, existe un impacto económico positivo para los propietarios. Disponer de un ascensor puede aumentar el valor de un bajo entre un 20 % y un 30 %, e incluso hasta un 35 % en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Por tanto, la inversión obligatoria en el ascensor no solo cumple una función normativa, sino que también puede traducirse en una revalorización significativa del inmueble.