Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT, secundadas por el PP, han solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge que cierre la investigación a cinco exdirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, el 23 de enero de 1995. Y es que han pasado ya más de diez años desde que, en diciembre de 2014, la Audiencia reabrió el sumario a instancias de la familia del concejal asesinado.

Fue el propio instructor quien el pasado 18 dio tres días de plazo a acusaciones y defensas para solicitar más diligencias o el cierre del sumario para dejarlo en manos de la Sala de lo Penal. Solo unos días antes, De Jorge había llevado a cabo la última declaración indagatoria pendiente, la de Mikel Albisu, «Mikel Antza», investigado junto a los también exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»; Julián Achurra, «Pototo»; y José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri». Todos ellosfueron procesados el 31 de enero de este mismo año.

Según fuentes jurídicas, hasta el viernes además de las dos asociaciones de víctimas y el PP tan solo se había pronunciado al respecto el Ayuntamiento de San Sebastián –que igualmente ejerce la acusación–, trasladando al juzgado que hacía suyo «el criterio que sustente el Ministerio Fiscal», que hasta el momento no se ha posicionado, como tampoco han hecho las defensas de los cinco exintegrantes de la cúpula etarra.

La orden, de la cúpula

En sus escritos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, las acusaciones populares que ejercen AVT, DyJ y el PP coinciden en que una vez dictado el auto de procesamiento y habiéndoselo comunicado a los cinco exjefes de ETA, procede cerrar ya el sumario y poner en marcha el mecanismo procesal que acerca la celebración del juicio. En este sentido, el PP sostiene que «ya se han reunido suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos y poder entrar en los trámites del juicio oral». Y entre ellos destaca la declaración de dos etarras arrepentidos que manifestaron que sin orden expresa de la cúpula de ETA no se mataba a políticos.

Ordóñez fue asesinado a tiros en el bar «La Cepa» de la parte vieja de San Sebastián mientras almorzaba después de los seguimientos efectuados por el etarra Valentín Lasarte, que trasladó al «comando Donosti» las rutinas del concejal. Lasarte, Javier García Gaztelu, «Txapote» (quien según la sentencia fue el encargado de efectuar los disparos) y Juan Ramón Carasatorre, «Jon», fueron condenados por el atentado mortal.

El del político vasco no fue un asesinato aislado. Para ETA formaba parte de una ofensiva de terror para intentar doblar el pulso al Estado, una campaña de «desestabilización» que arrancó en el verano de 1993 y que puso en la diana a militantes del PP y del PSOE. Se trataba de forzar al Gobierno a sentarse a negociar cara a cara con los terroristas.

"Cualquier político del PP es objetivo"

En esa estrategia, el juez sitúa a los cinco procesados en la cúspide de ETA. Habían recogido el testigo de la dirección de ETA después de que la operación policial en Bidart (Francia) en 1992 descabezase a la organización. Es entonces cuando «Iñaki de Rentería» quien se haría cargo de los aparatos «militar» y logístico entre 1992 y septiembre de 2000) y «Mikel Antza» (al frente del «aparato político» dan un paso al frente). Les seguirían después «Kantauri», Aguirre Lete y «Pototo», que supuestamente su suman a la cúpula entre finales de 1994 y principios de 1995 (justamente en las fechas del atentado contra Ordóñez).

El instructor les vincula con la planificación de la acción criminal ya que, según han puesto de relieve los informes policiales, en esas fechas el comité directivo de ETA «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».

La Guardia Civil intervino al «comando Vizcara» en 1997, dos años después del atentado, dos cartas manuscritas que la investigación policial atribuye a «Kantauri» consideradas relevantes para la causa en la medida en que dibujan el contexto en el que se produjo el asesinato. Las consignas a los «comandos» son claras: «Es muy importante darles a los políticos del PP» o «cualquier político del PP es objetivo». «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tener en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza», afirma.