Tribunales

Vox recurre el archivo de su querella contra Zapatero por las actas de ETA

Para el juez instructor, los hechos a los que se refiere la querella «no pueden constituir delito alguno»

El presidente de Vox Santiago Abascal (c) junto a Javier Ortega Smith (d) y el responsable del comité negociador Iván Espinosa de los Monteros
El presidente de Vox Santiago Abascal (c) junto a Javier Ortega Smith (d) y el responsable del comité negociador Iván Espinosa de los Monteroslarazon

Vox ha recurrido el auto de inadmisión de la querella que la formación presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el contenido de las actas de negociación de ETA.

Vox ha recurrido el auto de inadmisión de la querella que la formación presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el contenido de las actas de negociación de ETA. La acusación ha sido rechazada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, quienes consideran que las noticias periodísticas publicadas sobre las Acta de la Negociación de Zapatero con la banda terrorista no ofrecen suficientes indicios de veracidad sobre el contenido de las actas y acuerda no seguir investigando. Por ello Vox considera que esta negativa a investigar supone “una vulneración de la tutela judicial efectiva, que infringe los artículos 24 Constitución Española, 6 Carta Europea Derechos Humanos y 47 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Para la formación verde, el contenido de las actas conocido hasta este momento revela que “los términos de las negociaciones no contaban con el aval parlamentario y para sucomprobación deberá abrirse la correspondiente investigación”, destacan en un comunicado.
Para el juez instructor, los hechos a los que se refiere la querella «no pueden constituir delito alguno» porque, a su entender, tenía el aval parlamentario de la Nación, como ya había sido declarado por el Tribunal Supremo en otras querellas. De este modo, destaca Vox, el Juzgado Central estaría negando la posibilidad de comprobar la veracidad de las publicaciones y de examinar las Actas, que se encuentran en la propia sede judicial y en poder del Ministerio del Interior, dentro de la documentación que el Gobierno de Francia entregó a España, en 2018.