Galicia cifra el saqueo del cupo catalán: 600 millones al año

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió hoy del impacto económico que tendría para Galicia la aplicación del modelo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

Según un informe presentado en el Consello da Xunta, esta fórmula supondría para Galicia una pérdida de más de 600 millones de euros anuales, "lo mismo que los presupuestos de las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y Economía e Industria juntas", según ejemplificó el mandatario gallego.

El documento, elaborado por la Consellería de Facenda e Administración Pública, recoge también estimaciones de organismos independientes como Fedea y el Foro Económico de Galicia, que coinciden en la magnitud del perjuicio. Rueda fue contundente: "la situación pone en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia".

Además, alertó de que si este modelo se extendiese al conjunto de comunidades autónomas, la pérdida para Galicia superaría los 2.000 millones de euros anuales. Esta cifra equivale, según recoge el informe, a "todo el gasto en enseñanza pública no universitaria a lo largo de un curso" o "lo que se destina a las recetas sanitarias durante dos años".

Un sistema de “cupo” que rompe el equilibrio territorial

El acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña imita, según el informe, el modelo de concierto vasco, por el cual una comunidad recauda todos los tributos generados en su territorio y transfiere al Estado una parte en concepto de los servicios prestados por la Administración central: el llamado “cupo”.

Este sistema, advierte la Xunta, desactiva la capacidad redistributiva del Estado, que garantiza hasta ahora que todos los ciudadanos reciban la misma financiación por habitante ajustado, con independencia del lugar en el que residan. Su implantación pondría en riesgo los principios de igualdad, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad, recogidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Asimismo, el informe subraya que una fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) -como consecuencia de la cesión total de la gestión fiscal a determinadas comunidades- podría dificultar la lucha contra el fraude fiscal, una preocupación reiterada por parte de las asociaciones de inspectores de Hacienda.

“Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”

Rueda afirmó que el modelo pactado con Cataluña genera un sistema en el que "los ciudadanos de las regiones con más capacidad fiscal tendrían mejores servicios que los de las regiones con menor capacidad tributaria". En consecuencia, se acabaría creando un país con "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Lejos de asegurar la igualdad entre territorios, el acuerdo rompe con el modelo basado en las necesidades de gasto y lo sustituye por uno centrado en la capacidad recaudatoria, en detrimento de comunidades con menor potencial fiscal como Galicia.

Galicia exige negociación multilateral

Desde hace años, la Xunta sostiene que el actual sistema de financiación autonómica está superado y reclama una reforma que se negocie con todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), garantizando así un proceso en condiciones de igualdad.

Como recordó el presidente gallego, Galicia promovió en 2016 la Declaración de Santiago, cuyos principios fueron ratificados el pasado viernes en Mérida en una nueva declaración conjunta firmada por Rueda y la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Con este gesto, ambas comunidades reivindican una financiación suficiente, equitativa y alejada de acuerdos bilaterales que fracturen el modelo común.