La justicia europea avala la tramitación ambiental de la Xunta y allana el camino para desbloquear la parálisis eólica en Galicia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la forma en que la Xunta de Galicia ha tramitado ambientalmente los proyectos eólicos en los últimos años.

En una sentencia publicada este viernes, el TJUE concluye que los Estados miembro no están obligados a permitir que el público formule observaciones adicionales tras la emisión de los informes sectoriales, como reclamaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El fallo responde a una cuestión prejudicial presentada por el TSXG sobre si la normativa comunitaria obliga a abrir un nuevo periodo de alegaciones una vez emitidos los informes sectoriales relativos a materias como patrimonio, medio ambiente, salud, seguridad aérea o energía. Según el TJUE, la directiva europea garantiza el derecho de participación en una fase temprana del procedimiento, pero no exige consultas públicas después de cada informe.

La sentencia ha sido recibida con satisfacción por parte de la Xunta. Carmen Bouso, secretaria general Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, se desplazó a Luxemburgo para asistir a la lectura pública de la resolución. Desde allí, celebró el respaldo del TJUE y destacó que el fallo ofrece la seguridad jurídica que tanto el Gobierno gallego como el sector renovable llevan reclamando durante más de tres años.

"Ya no hay ningún obstáculo para que el TSXG retome los pleitos pendientes", afirmó Bouso. Recordó, además, que el Tribunal Supremo ya había avalado en cuatro sentencias la legalidad del procedimiento de evaluación ambiental aplicado en Galicia.

Actualmente, 92 parques eólicos están afectados por procesos judiciales en Galicia, de los cuales 86 están suspendidos. En conjunto, estas instalaciones suman casi 2.500 MW de potencia y representan una inversión de unos 3.000 millones de euros. Su puesta en marcha permitiría evitar la emisión de unas 2,5 millones de toneladas de CO2 al año.

Para el gobierno autonómico, el desarrollo eólico es clave para cumplir los objetivos de descarbonización y alcanzar la neutralidad climática en 2040. Según el II Plan Regional Integrado de Energía y Clima (PRIEC), la instalación de los parques paralizados podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75% respecto a los niveles de 1990.