
Incendios
La Xunta ofrece hasta 132.000 euros para reconstruir viviendas dañadas por los incendios
El plan incluye apoyos de 16.200 euros para enseres, hasta 1,5 millones para empresas o 12.700 euros por hectárea de viñedo arrasado y se podrán solicitar desde el lunes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este viernes en Orense un amplio paquete de medidas económicas y sociales para afrontar la reconstrucción de las zonas devastadas por la ola de incendios que arrasó Galicia este verano. Las ayudas, que se publicarán mañana en el Diario Oficial de Galicia y podrán solicitarse desde el lunes 1 de septiembre, abarcan desde la reparación de viviendas hasta el rescate de explotaciones agroganaderas, forestales, negocios y municipios, además de indemnizaciones por daños personales.
Rueda subrayó que la prioridad del Gobierno autonómico es “llegar al máximo número de beneficiarios” y que todas las personas con derecho a las ayudas las recibirán, sin límite global de importe. Asimismo, pidió al Ejecutivo central celeridad para poner en marcha sus propias convocatorias y recordó que ambas serán compatibles siempre que la suma no supere el total de los daños registrados.
Viviendas, realojos e indemnizaciones
En el ámbito residencial, los propietarios de viviendas habituales podrán recibir hasta 132.000 euros para su rehabilitación, reconstrucción o compra de un nuevo inmueble en caso de ruina. Además, contarán con una ayuda de 16.200 euros para reponer menaje y enseres, y con apoyos complementarios de hasta 600 euros para alojamiento provisional o mudanza, ampliables en función de las circunstancias.
Las segundas residencias tendrán derecho a hasta 66.000 euros para reconstrucción y 5.400 para equipamiento doméstico, quedando excluidas las viviendas abandonadas.
En materia de daños personales, la Xunta habilitó indemnizaciones de 87.500 euros por fallecimiento o incapacidad permanente absoluta, así como 120 euros por día de hospitalización en caso de lesiones.
Empresas, explotaciones y sector forestal
El plan incluye ayudas directas a empresas con un tope de 600.000 euros por beneficiario, ampliables hasta 1,5 millones en casos excepcionales de especial impacto socioeconómico. Las subvenciones cubrirán instalaciones, maquinaria, mercancías y vehículos vinculados a la actividad.
En el sector primario, la Xunta activó ocho líneas de apoyo a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Podrán cubrir hasta el 100 % de las inversiones, con máximos de 200.000 euros en maquinaria, 15.000 para alimentación del ganado y colmenas, 12.700 euros por hectárea de viñedo calcinado y 1,22 euros por kilo de castaña perdida. También se contemplan compensaciones por muerte de ganado, pérdida de forraje y daños en infraestructuras privadas y forestales, con ayudas que oscilan entre los 15.000 y los 100.000 euros según el tipo de actuación.
Municipios, turismo y medio ambiente
Las entidades locales recibirán apoyo para afrontar los gastos de extinción, limpieza, restauración ambiental y reparación de infraestructuras municipales. Como novedad, se compensarán los gastos en que incurrieron los propios vecinos por su colaboración en la lucha contra el fuego.
En paralelo, el Ejecutivo gallego prevé abrir una línea específica para establecimientos turísticos afectados por cancelaciones o pérdidas, mientras que en el ámbito medioambiental se habilitarán ayudas a titulares de terrenos de la Red de espacios protegidos y Tecores. Estas contemplan hasta 40.000 euros por ayuntamiento y 30.000 para entidades de caza, con gastos subvencionables que van desde la reposición de señalización y pasarelas hasta la siembra de cereales para recuperar hábitats.
Oficinas de atención y alivios fiscales
Para agilizar la tramitación, se habilitarán 16 oficinas de atención a los afectados, con medio centenar de empleados públicos, además de reforzar la línea 012. Los plazos de solicitud oscilarán entre un mes y el 28 de noviembre, dependiendo del tipo de ayuda.
En el plano tributario, la Xunta ampliará plazos fiscales en los municipios afectados y eximirá del canon del agua y de las tasas de depuración asociadas a los incendios. También reclamará al Gobierno central la aplicación de beneficios fiscales derivados de la declaración de zona catastrófica.
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