La advertencia del fiscal a Luis Medina: “No esconda su dinero”

Adolfo Carretero está dibujando el mapa de los bienes que puede incautar a Luis Medina después de que este vaciara sus cuentas. El croquis comienza en Madrid, recorre sus bancos y se extiende hasta Sevilla, donde la herencia que iba a recibir de su abuela está en peligro.

Durante los cuarenta minutos que Medina estuvo sentado en un despacho de la Fiscalía Anticorrupción tratando de excusarse de cualquier actividad irregular y de conocer siquiera a la empresa en Malasia en la que llegó el material sanitario, el hijo de Naty Abascal llegó a -en tono bromista- asegurar que no se le ocurriría ocultar sus bienes. Al preguntar extrañado al fiscal Luis Rodríguez Sol por qué le estaba preguntando por su yate y sus cuentas: «Por si usted hace cualquier maniobra intentando no sé ponérselo a nombre de otro». «Ah, no no, no no, hombre» espetó Medina ese 13 de abril de 2021 mientras su abogado decía por detrás «colaboración extrema».

Lo cierto es que un año después se enfrenta precisamente a un delito de alzamiento de bienes que consiste en hacer desaparecer parte de las pertenencias para que sea más difícil de cobrar por parte del deudor, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. El juez Adolfo Carretero, que está llevando el conocido como «caso mascarillas» ordenó que se le bloquearan tanto a él como a su socio Alberto Luceño todo lo que habían cobrado con las comisiones millonarias que se llevaron de la venta de guantes, mascarillas y test Covid-19 en la primera ola de la pandemia. Según consta en el sumario, Medina transfirió la práctica totalidad del dinero que había recibido a cuentas personales con la que se compró un yate modelo Eagle 44, que llamó «Feria» y lo registró en Gibraltar y bonos de inversión por valor de unos 200.000 euros. No tan vistoso como la inversión que hizo Luceño en más de una decena de coches, tres rólex de oro, 60.000 euros en una estancia en un hotel en Marbella o un chalet en Pozuelo.

El caso es que cuando los investigadores fueron a bloquear el dinero, a Medina ya solo le quedaban en la cuenta 247 euros. Y el barco, eso sí. Teniendo en cuenta que el valor del velero es de 325.515 euros y sumando a esto la escueta cantidad del banco, el resultado es mucho menor al millón doscientos mil euros que le requerían, así que ahora el juez ha ordenado buscar de arriba a abajo de dónde se puede sacar el dinero. Los bienes y la herencia de Medina están en peligro.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que le interpusiera una fianza de 891.227 euros para que, sumado al barco, llegara a la cantidad que él presuntamente estafó al consistorio. Y así lo hizo el magistrado: dio tres días al hijo de Naty Abascal para que pagara la fianza. Pero el togado no se quedó ahí: «Si no presentase la fianza» ordenó diferentes vías para empezar a explorar en su patrimonio. Por un lado que la Agencia Tributaria aporte nueva información sobre los bienes inmuebles y de otras clases que tenga no ya en España, sino en el extranjero. También pidió a su banco, Deutsche Bank, que le informe de los detalles de las ventas de esos bonos, dónde fue a parar todo ese dinero.

Pero además la herencia de su abuela está en la diana. El juez madrileño ha enviado un escrito al Juzgado de Primera Instancia 12 de Sevilla para que le informe si allí hay un proceso sobre los bienes de la fallecida Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa y si Medina participa como demandante. También quiere saber si el investigado es heredero para que «en caso afirmativo, se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo».

Ese proceso, en efecto, existe y ya cuenta con una sentencia que estimó parcialmente la demanda de Medina y su hermano Rafael, entre otros nietos y bisnietos de la duquesa, contra la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y su tío Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, actual duque de Segorbe. Así lo decidió el juzgado sevillano el pasado 7 de diciembre. En el escrito, el magistrado rechaza la pretensión de Medina, que reclamaba 8.862.845′05 euros, y le atribuye sólo el derecho al 12,5% de la tercera parte de la masa total de la herencia de su abuela. Es decir, 4.119.095,81 euros que deberán ser abonados por la Fundación.