Justicia
La hijastra de la "duquesa roja" demanda al Estado español y reclama 100.000 euros
Lamenta la demora a la hora de ser reconocida hija de Leoncio González de Gregorio, a pesar del 99 % de parentesco que aportaban los test de ADN
Rosario Bermudo pudo celebrar el pasado octubre que el más alto tribunal español la reconocía por fin como hija de Leoncio González de Gregorio, marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia, más conocida como la "duquesa roja". La sentencia, que llegó tras más de una década de litigio, le da acceso a la millonaria herencia de su padre, pero las trabas que se ha encontrado de parte de sus legítimos hermanos puede alargar el proceso otros diez años más, una situación desesperante que la ha llevado a emprender acciones legales contra el Estado español.
Tal y como ha confirmado su abogado, Fernando Osuna, Bermudo ha presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por "el descomunal retraso que ha sufrido el camino judicial en España para conseguir la filiación del que fue marido de la ‘duquesa roja'". Bermudo exige a la Administración 100.000 euros de indemnización por la tamaña demora.
El letrado asegura que su representada "sufre mucho y no entiende la situación kafkiana que ha padecido", a pesar de que los test de ADN aportaban un 99 % de parentesco" con el señor González de Gregorio.
"Rosario ha cumplido 70 años, su marido no puede andar y ella está enferma y sin recursos económicos. Está desesperada porque ahora tendrá que soportar otros diez años o más para conseguir la herencia", lamenta Osuna, que recuerda que Bermudo "ha ganado, hasta ahora, en todas las instancias judiciales y sus hermanos han sido condenados a abonar las costas de los procesos".
La ya legítima hija de Leoncio González de Gregorio podría hacerse con entre 1 y 3 millones procedentes de la herencia de su padre, pero ante la previsible demora que llevará el cobro, considera que debería existir en España "un fondo público, como ya hay en la Justicia Penal y Laboral, para los perjudicados y evitar esta calamitosa situación. El Estado, más tarde, recuperaría este anticipo que se daría a las personas más vulnerables".