MADRID- Las arcas parleñas ya no dan abasto. La deuda del municipio (unos 200 millones de euros, según el PP) ya se ha saldado con 66 despidos y cerca de 50 bajas incentivadas; además, impide desde hace meses el pago puntual y completo de los servicios públicos municipales, transferidos a empresas privadas, como la recogida de basuras, los polideportivos, el servicio de limpieza municipal e incluso el mítico tranvía de Parla, la «niña bonita» de Tomás Gómez durante el tiempo que gobernó el municipio, entre 1999 y 2008; unos impagos y retrasos que ya han repercutido en las nóminas de los trabajadores. El pasado martes, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), ya advirtió a los representantes del comité de empresa del Ayuntamiento de que retrasará el pago de las nóminas del mes de enero. Y lo peor es que ni siquiera pudo informar a los empleados cuándo podrá abonarlas.
El anuncio cayó como una bomba en un municipio que ya ha visto cómo se rompía el pacto de Gobierno entre IU y PSOE precisamente por la deuda y la decisión de despedir a trabajadores por parte de Fraile para afrontarla. En este contexto, el alcalde decidió, una vez más, intentar lanzar la pelota al tejado de otro.
Como ya hiciera con la deuda del tranvía de Parla, el socialista ha vuelto a pedir explicaciones a la Comunidad de Madrid e incluso ha dado a entender que si no paga las nóminas es por su culpa. «El Gobierno regional nos está abonando las cantidades correspondientes a abril de 2011 y eso, sumado a otros factores, provoca que en ocasiones puntuales, tengamos que asumir los pagos fuera de fecha», aseguró. La respuesta le llegó ayer, por parte del vicepresidente regional, Ignacio González: «Parla es la crónica de una muerte anunciada» y lo de Fraile «son excusas de mal pagador».

La cuenta final, 13 millones
Fuentes de la Consejería de Economía explican que Parla debe al Gobierno de Esperanza Aguirre algo más de 20 millones de euros: 18,2 de la tasa de bombero, 1,4 millones de la tasa de residuos sólidos urbanos y 521.000 euros al Consorcio por el convenio de Transporte Urbano. Por su parte, el Gobierno regional debe a Parla siete millones por violencia de género y conciliación, con lo que la cuenta final dice que Fraile debería pagar los 13 millones de diferencia antes de «lanzar de nuevo la pelota».