Anticorrupción ve «excelente» la sentencia del «caso Mercasevilla»

Sevilla- La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentencia del «caso Mercasevilla» ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo aseguraron ayer fuentes del Ministerio Fiscal, que calificaron de «excelente» el dictamen del magistrado Ángel Márquez, que condenó al ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y a los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación tras solicitar una comisión ilegal de 450.000 euros por lograr una comisión de 900.000 para la construcción y equipamiento de una escuela de hostelería en la lonja. La aprueba pese a que el juez absolvió a la secretaria del ex directivo, Regla Pereira, a la que el fiscal también acusó.
Esta postura también reconoce el papel del juez en el proceso pese a que, en un principio, la Fiscalía pidió una multa para los acusados de 900.000 euros, la misma solicitud planteada por la acusación ejercida por la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, y que finalmente se ha rebajado en 300.000 euros. El pasado 24 de octubre, el jurado emitió un veredicto en el que dejaba claro que los tres condenados se pusieron de acuerdo para intentar lograr una comisión de los dueños de La Raza, una idea que fue respaldada por el magistrado, que señaló a Rivas, primer alto cargo de la Junta condenado por corrupción, como el cerebro de la trama.

Así, en la sentencia asegura que éste se puso en connivencia con Mellet y Rivas para «realizar la petición de dinero». Pese a que la defensa del ex delegado manifestó en varias ocasiones que su cliente no había participado en la operación e hizo suya la postura de la juez Mercedes Alaya, quien aseguró en la instrucción del caso que había únicamente «indicios débiles» de que ideara la trama, Márquez asevera la existencia de «pruebas indiciarias que permiten llegar de forma lógica a la conclusión adoptada por el jurado y a considerar una participación principal de Rivas en el soborno realizado». Aunque Mellet se negó a declarar en el juicio, en sede policial aseguró que la «mordida» había sido pedida por el alto cargo de la Junta, al igual que Ponce, que dijo en la Audiencia Provincial que su superior le había dicho que era éste el que le había solicitado el dinero. A esto hay que añadir que en la sentencia se pone de manifiesto el interés que Rivas puso en la concesión de la ayuda, cuando él no tenía competencia alguna para ello, así como las diversas reuniones que mantuvieron éste y Mellet en varias ocasiones.

Hay que recordar que el origen de este caso se encuentra en la grabación de dos reuniones mantenidas entre los hosteleros y los directivos de Mercasevilla, en las que Mellet y Ponce les piden los 450.000 euros, de los que 150.000 se destinarían para la acometida de luz de la escuela de hostelería y el resto como «colaboración» con la Junta por la ayuda concedida. En una de las conversaciones grabadas, que el juez considera que «no está descontextualizada, entrecortada o fabricada ‘ad hoc'», Ponce reconoce que no sabe para qué es el dinero de la colaboración y que si la Administración regional le dice que es «para los niños saharauis, me lo creo aunque sea para carteles de Felipe González».