Bonig prepara un plan para dar vivienda a los embargados

Según pudo saber LA RAZÓN, esta estrategia tiene como objetivo dar una vía de acceso diferenciada a las viviendas sociales a aquellos que se encuentran en esta situación. Los pisos pertenecerán al parque público de viviendas de la Generalitat. Por ello, una de las principales actuaciones que debe llevarse a cabo, es la reordenación del mismo. Se estudian varias fórmulas sobre cómo dar acceso diferenciado a estas personas y, aunque todavía se están valorando, la idea es que el acceso a los pisos sea coyuntural y no por largos periodos de tiempo como ocurre actualmente con los contratos de las viviendas sociales.

Bonig detalló en el Parlamento valenciano la necesidad de rehabilitar el patrimonio inmobiliario público para conseguir aumentar el número de pisos disponibles para los colectivos menos favorecidos. También se comprometió a impulsar, en colaboración con la iniciativa privada, fórmulas para obtener suelo a precios razonable, para reactivar el sector de la construcción.

La consellera de Infraestructura, que se estrenó ayer en Les Corts, demostró que no le faltan tablas para salirse del guión y responder a los envites de la oposición. Aceptó la proposición de pacto por el urbanismo que le propuso el diputado socialista, Francesc Signes, y amplió la oferta a la negociación de un pacto por los residuos. Ambos acuerdos se han intentado tomar en otras legislaturas. El de urbanismo nunca se ha llegado a realizar y el de residuos sí se suscribió, pero no ha sido demasiado efectivo.

Bonig también reconoció claramente que en la coyuntura actual no es posible desarrollar el Plan de Infraestructuras Estratégico 2010-2020. Admitió que se ejecutarán las obras «necesarias», que serán las que aporten rentabilidad económica.

La oposición coincidió en recriminar a Bonig que haya reducido los directores de los Parques Naturales y elegir para estos puestos personas vinculadas con el PP en lugar de expertos en gestionar este tipo de entornos.

La consellera respondió que es totalmente legal y defendió que desempeñarán bien su trabajo, y sino, serán destituidos.
Tanto PSPV, como Compromís como EU insistieron en la necesidad de resolver la gestión de residuos. Compromís y EU se mostraron en contra de las incineradoras y pidieron el rechazo expreso de la consellera a la instalación del almacén nuclear en Zarra.