El PSOE la única acusación que exculpa a Rivas de pedir comisiones

SEVILLA- La «peculiar» manera del PSOE de ejercer la acción popular en el «caso Mercasevilla», que mereció incluso un comentario de la juez Mercedes Alaya en un auto aludiendo a que su abogado hacía «causa común» con los acusados, ha vuelto a quedar demostrada en la calificación de los hechos. De las cuatro acusaciones, Partido Popular, PA y la Fundación Mercasevilla incluyen entre los imputados al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas como presunto autor de un delito de cohecho, mientras que únicamente el abogado de los socialistas lo exculpa de todo, al igual que a Regla Pereira, y tan sólo señala como responsables a Fernando Mellet y Daniel Ponce.

El más contundente sin duda es el PP, que solicita para Rivas un año de cárcel, seis de inhabilitación y multa de 900.000 euros por un delito de tráfico de influencias, una multa de 1.350.000 euros –«el triple de la dádiva solicitada»– y tres años de inhabilitación para empleo público por un delito de cohecho; además de otros cuatro años de inhabilitación y una multa de 1.350.000 euros por un delito de uso de información privilegiada. Además, para Mellet reclama un año de cárcel, trece de inhabilitación y multas por un valor total de 3.600.000 euros, mientras que para Ponce y Pereira, tres años de inhabilitación y multas de 1.350.000 euros.

Por su parte, el PA también pide para Rivas un año de cárcel y nueve de inhabilitación y, para los otros tres acusados, tres años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros para cada uno de ellos. Mientras, la Fundación Mercasevilla suscribe punto por punto la solicitud de la Fiscalía y reclama una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión para los cuatro imputados.

«Moralmente inviable»
Cabe recordar que el PSOE, la cuarta parte personada en la causa como acusación particular, eximió de responsabilidad tanto a Rivas como a Pereira, debido a «la más que palpable debilidad del material probatorio», por lo que tan sólo pidió penas para Mellet y Ponce. En su escrito de acusación, aseguraba que «moralmente, nos es de todo punto inviable en estas circunstancias mantener la imputación de Rivas y Pereira, y no por ningún peculiar ejercicio de la acción popular, sino por pura congruencia personal con la forma de entender el principio acusatorio y los efectos perniciosos de sostenerlo con débil material probatorio».

Versión totalmente opuesta a la del PP, que considera probado que Mellet y Ponce solicitaron una comisión a los empresarios de La Raza a cambio de la concesión de una subvención de 900.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, «siguiendo las indicaciones iniciales del inculpado Rivas».

El escrito de acusación recuerda que el ex director gerente de Mercasevilla «en su declaración policial y ante la Fiscalía» admitió que Rivas le hizo una llamada en diciembre de 2008 para decirle que «tenía que pedirles a los de La Raza una contribución voluntaria para la Junta de Andalucía de 300.000 euros». Una «exigencia que volvió a reiterarle» en otra conversación telefónica mantenida el 5 de enero de 2009. Igualmente, Ponce declaró que Mellet le dijo que era orden de Rivas.