Toros y Estatut las víctimas de la legislatura

En realidad, es lógico que la industria legislativa haya funcionado a toda máquina porque el Estatut entró en vigor en agosto de 2006, y Montilla fijó como prioridad al principio de su mandato el desarrollo de toda la arquitectura institucional prevista en el texto estatutario.

El tripartito ha gobernado estos cuatro años ignorando la amenaza del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Guiado por esta lógica, el Govern ha sacado adelante leyes como las de veguerías, consultas populares por vía de referéndum, la creación de la Agencia Tributaria, el Consell de Garanties Estatutàries, la Oficina Antifraude y la del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

Pero la seguridad jurídica de, al menos, una docena de leyes que se han aprobado este mandato está ahora en interrogante porque la sentencia del TC sobre el Estatut pone en entredicho la constitucionalidad de leyes como las del cine, educación, acogida a personas inmigradas, código de consumo, el Síndic de Greuges y del Consell de Garanties Estatutàries. Es decir, hay una parte muy significativa de la obra del tripartito –apoyada por CiU en algunos casos- que podría ser papel mojado. La VIII Legislatura, por tanto, se despide con un balance incierto en este sentido.

Pero de este período 2006-2010 destaca por encima de todo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que prohibió la celebración de corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero del año 2012. El Parlament se convirtió en un verdadero circo mediático durante los largos debates de una ILP que muchos consideraban innecesaria porque la tradición de los toros menguaba sin tener que prohibirla en Cataluña. «Dejen morir en paz a la Fiesta», clamó Salvador Boix, el apoderado de José Tomas, en una de las frases más recordadas de la presente legislatura.

Sin voluntad
Hasta aquí, todo lo hecho. Pero ¿y lo que ha quedado sin hacer? Sin duda, la ley electoral es la más sobresaliente en la montaña de cosas sin hacer. Los partidos se conjuraron para aprobar esta norma después del estallido de la trama de corrupción Pretoria, en la que hay imputados socialistas y convergentes. Pretendían con esta ley superar la desafección de la sociedad, acercar, en definitiva, la política a los ciudadanos con un sistema electoral más directo. Pero el intento de hacer una ley electoral naufragó una vez más. Hubo quien argumentó que no había tiempo suficiente para redactarla, pero la realidad es que faltó voluntad política y sobró interés partidista.


Montilla empieza su «Rally»
El coche oficial de Montilla hizo ayer muchos kilómetros. Primero fue a Girona, para que el president resaltara la inversión de la Generalitat en infraestructuras; después, le trasladó a Barcelona, donde Montilla reivindicó que la capital catalana es clave para el PSC; posteriormente, el primer secretario del PSC se desplazó a un punto intermedio entre Tarragona y Reus, donde presentó a los candidatos de Tarragona, y cerró el periplo en el aeropuerto leridano de Alguaire. El candidato del PSC realizó un «rally» más propio de la recta final de campaña por las cuatro provincias para reivindicar la obra de gobierno. Está claro que Montilla luchará hasta el final para intentar dar la vuelta a unas encuestas que dan una amplia ventaja a CiU. «Para CiU, la plaza Sant Jaume fue durante muchos años una trinchera para la confrontación», denunció, y defendió su estilo de «cooperación, confianza y trabajo».