«Sospechas» sobre cinco consejerías
En el escrito se requiere a la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación y encargada de conceder muchas de las ayudas investigadas, que remita al juzgado «un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación –en el punto de mira de la Intervención General de la Junta– correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Turismo y Medio Ambiente desde el año 2001 a 2010».

Resoluciones dictadas «de forma arbitraria e injustificada»
En relación al ex director general de Trabajo Juan Márquez, Mercedes Alaya lo imputa, entre otras cuestiones, por sus manejos en la empresa Aglomerados Morell, ya que «no constando» la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, «de los cuales dos no eran empleados de la misma», ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones «de forma arbritaria e injustificada y para dar cobertura» a compromisos verbales.

Los despidos, «condición verbalmente impuesta» para obtener las ayudas
La juez mantiene que Francisco Javier Guerrero «mostró su disconformidad para la suscripción de una póliza para 24 ex trabajadores» de la empresa Aglomerados Morell, pero su sucesor, Juan Márquez, dictó sendas resoluciones «por las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la póliza de prejubilación». Según el administrador de la empresa, los despidos fueron «condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas».

Sin la menor apariencia de legalidad
Significativo es el apartado en el que la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía se refiere a la empresa Río Grande y considera que tanto Francisco Javier Guerrero como Juan Márquez, ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía, ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas, mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados».

De delegado de Trabajo a intruso
Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010 –cuando le sustituyó Daniel Alberto Rivera, imputado también en el auto de 42 páginas que dictó la juezayer–, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.

Petición a la Unión Europea
La juez requiere a la Junta que «aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y a su vez las autorizaciones de dicha comisión relativas a las Ayudas de Estado concedidas a empresas, por las diferentes consejerías superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas a transporte por carretera, y todo ello desde el año 2001 hasta la actualidad». También solicita al Ministerio de Exteriores la relación de ayudas concedidas a empresas superiores a estas cantidades.