El comité de empresa de Mercasevilla contra el despido de Ponce y Pereira

Sevilla- El comité de empresa de Mercasevilla presentó ayer las alegaciones contra las posibilidades de despido del antiguo subdirector general de la sociedad, Daniel Ponce, y de la que fuera coordinadora de la ya extinta Fundación Socioasistencial, María Regla Pereira, debido a su condición de imputados en el caso que enjuicia la juez Mercedes Alaya por un presunto delito de cohecho. Los dos están implicados en la trama de petición de comisiones ilegales a los empresarios del restaurante La Raza.

Según Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, la posición de los trabajadores es contraria a las medidas disciplinarias contra ambos, ya que el propio convenio colectivo de la lonja estipula que los despidos o sanciones «están supeditados a la culpabilidad y condena» en el caso de mediar una causa judicial sobre los hechos. Entiende de este modo, que tanto Ponce como Pereira pueden quedar «blindados» en el plano judicial si no prosperan las medidas disciplinarias.

«Lo penal es siempre prioritario», comentó Domínguez, que aseguró que ante un hipotético despido de los dos imputados, Mercasevilla se podría ver en la situación de tener que «indeminizarlos o readmitirlos», con sus correspondientes salarios de tramitación, en el caso de que no sean condenados. «Mientras que no concluya un proceso penal, no se pueden aplicar medidas en lo laboral», señaló el representante sindical, que recordó que la actual debilidad financiera de la entidad es demasiado frágil para afrontar indemnizaciones.

Por su parte, el abogado de Ponce también presentó las correspondientes alegaciones. En este sentido, el abogado Simón Fernández mostró ayer su «absoluto desacuerdo, desde los puntos de vista fáctico y jurídico», ante las medidas anunciadas por la dirección de la empresa. El pasado jueves, el director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, remitió a Ponce y a Pereira sendos escritos en los que se les daba cuenta de la apertura de un «trámite de audiencia» de 72 horas como medida previa a la «imposición de la sanción».

Cabe recordar, al respecto, que ya a comienzos de 2010, el juzgado de lo Social número once declaró improcedente el despido que Jordi Maymó, entonces director general de Mercasevilla, consumó sobre Ponce en octubre de 2009, extremo que derivó finalmente en su readmisión. No obstante, la propia sentencia, que declaraba improcedente este despido, admitía la existencia de «irregularidades» en la justificación de gastos cargados por el imputado a las cuentas de Mercasevilla.