Críticas de esquina de barra de bar

Sevilla- Los sindicatos CC OO y UGT se han unido con fuerza al eje de la Junta de Andalucía en contra de las inversiones asignadas a la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013: 1.632 millones de euros, que no llegan al 17,9 por ciento del peso poblacional en el conjunto del Estado, según recoge la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.
Las dos plataformas sindicales ya han confirmado su asistencia a las movilizaciones previstas para el domingo en contra de los PGE. Ayer comenzaron a caldear el ambiente con frases gruesas que rayaron el insulto en contra del Gobierno central. El secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero cargó duramente contra el ministro de Hacienda. «No sé el empeño de Cristóbal Montoro por fastidiar a Andalucía, precisamente tratándose de una persona nacida en la comunidad y que encabeza la candidatura del PP al Congreso por Sevilla. No es entendible que nos tenga tanto coraje (...) Si sigue así, vamos a tener que llevar a cabo una campaña para nombrarlo persona ‘non grata' en la comunidad. No es de recibo que un andaluz reniegue tanto de su tierra y nos putee (sic) tanto».

Con la misma munición de peluquería atacó su homólogo de UGT-A, Manuel Pastrana. «A nosotros no nos importan los lamentos de los ministros», dijo refiriéndose a miembros del Partido Popular que han manifestado su disconformidad con el reparto territorial de las inversiones. «A los andaluces estos lamentos nos la traen floja (sic) con perdón».

La labor de agitación de los sindicatos de clase fue una de las palancas principales –si no la principal, así lo reconocen en privado algunos dirigentes del Partido Popular– para que el PSOE amortiguara la caída en las últimas elecciones autonómicas y amarrara un resultado que le ha permitido seguir en San Telmo con la ayuda de Izquierda Unida.

Ahora CC OO y UGT vuelven a ser un activo fundamental en la estrategia de la confrontación entablada por el Ejecutivo de Griñán contra el de Rajoy. Carbonero calificó la situación de «emergencia» para los trabajadores, según recoge Ep, al unirse la congelación salarial y la reforma laboral.