Políticas precocinadas

Me duele sinceramente la baja valoración que alcanza nuestra clase política en las encuestas. Ningún dirigente supera siquiera el aprobado, aunque muchos de ellos utilicen todos los medios a su alcance –públicos y privados– para mejorar nota, lanzando verdaderas campañas de marketing –como ahora en Madrid– para promocionarse como si de una nueva cola «light» se tratase. Me duele, además, porque tengo constancia de la endeblez moral de algunos de los mejor valorados, que dejaron cuentas faraónicas tras su paso por ministerios y consejerías o que utilizaron impunes «acosos» de variado calibre como prácticas de poder. Pero, repito, me duele la baja valoración, porque nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Creo, por tanto, necesario regenerar nuestra confianza en políticos y dirigentes honestos, que los hay. Una de las causas de este desprestigio procede, en mi opinión, de la propia mecánica de votaciones en Congreso y Senado. Creo esencial romper la monolítica disciplina de partido y permitir la libertad de voto de diputados y senadores, si queremos que nuestras leyes se acerquen a la «España real» y no a la «España imagen, semejanza e interés del partido». La libertad de voto en sedes parlamentarias está recogida en el artículo 79.3 de nuestra Constitución , que la declara «personal e indelegable». Repito: indelegable.

Recientemente, un diputado de UPN, D. Carlos Salvador, lanzaba una batería de preguntas al Gobierno referidas a la incongruencia que percibía en los dirigentes del partido en el poder que concedía libertad de voto en el tema de los toros, cuando había exigido férrea disciplina en el tema del aborto. ¿Qué tipo de argumentos esgrime el Gobierno para diferenciar los temas? ¿A qué tipo de moral pública responde dar aleatoriamente libertad de voto?, pregunta el diputado navarro.

No es la única voz que se refiere a este tema. Josep Ramoneda (El País 27.12.2009) nos lo recordaba recientemente, llamando a los parlamentarios «colectivo con libertad limitada» y de «criterios secuestrados por el partido». Y apuntaba un aspecto más que preocupante: «Diputados y senadores lo tienen asumido». Es decir ni protestan, ni discuten; lo toman como normal. Procedentes de listas electorales cerradas, ya consideran suficiente premio estar allí y deben ser agradecidos. Ello constituye un síntoma preocupante de enfermedad democrática. Porque, claramente, esta disciplina corrompe la libertad y la representatividad de unos electores, y los sumisos parlamentarios pasan a ser cómplices de políticas en las que no siempre creen. «El diputado –sintetiza Ramoneda– deposita su conciencia en los armarios del grupo parlamentario y sólo de vez en cuando se le permite recuperarla para entrar en el hemiciclo con ella». Duro, duro alegato. Un parlamentario ungido por el voto de obediencia tiende inexorablemente a alejarse de la realidad social de la que procede y que le ha votado –sea distrito, barrio o circunscripción–, a los que abandona a su suerte y se encierra en una endogámica cultura de casta.

Hablamos en resumen de un sistema parlamentario «precocinado» que actúa con evidente desfase respecto a los ágiles sistemas abiertos de la cultura de la red, donde la suma de voces no es vista como un problema, sino como un indiscutible enriquecimiento. Podríamos entrar en las alternativas que proporcionaría el voto secreto, pero los partidos no lo admiten tampoco.

Y prefiero reflexionar sobre una segunda consecuencia: este voto cautivo, precocinado, cercena el necesario consenso. De ello entienden algo los miembros de las Fuerzas Armadas que sufren en sus carnes la falta de consenso, incluso en sus leyes orgánicas. Mas de dos mil recursos circulan hoy por el Supremo, la Audiencia Nacional y diversos juzgados a consecuencia de ello.

La libertad de voto de nuestros parlamentarios rompería las irreductibles fronteras entre los partidos y permitiría permeabilizarlas. Siempre habría un grupo cercano a la oposición que podría coincidir con otro no estrictamente ligado a los planteamientos de ésta. Esta conjunción, cercana a las políticas de centro, permitiría engrasar la máquina parlamentaria, daría entrada a consensos, enriquecería las leyes y al propio Estado y evitaría el bochornoso espectáculo visto por millones de españoles en el que, todos a una, nuestros representantes aplauden o abuchean a propios y extraños según su posición en el hemiciclo. O que los escasos votos de un ventajista partido minoritario permitan desbloquear políticas de interés nacional.

Creo que todos, representantes y representados nos sentiríamos mejor. Y seguramente se mejoraría la valoración de la clase política en las encuestas. Evitaríamos esta especie de venganza que detectan las encuestas, en la que los unos se ceban respecto a la valoración de los otros. Valdría la pena reflexionar sobre ello. Si se hace con los toros, bien podría hacerse con unos seres humanos llamados ciudadanos españoles.