El TC galo declara ilegal el matrimonio gay en Francia

Y tanto el artículo 75 como el 144 del Código civil galo, cuestionados por una pareja de mujeres que reclaman su derecho a casarse, se ajustan a la Carta Magna. «Según la ley francesa, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer» estimó ayer esta instancia recordando que el Tribunal de Casación anuló en 2007, con ese mismo argumento, un matrimonio entre dos hombres celebrado tres años antes por el diputado y alcalde ecologista, Noël Mamère.

La resolución no ha sorprendido, sin embargo, ni a Corinne ni a Sophie. Son pareja desde hace catorce años y con ellas viven sus cuatro hijos, uno de una anterior relación y los otros tres, fruto de una inseminación artificial realizada en Bélgica. Para ellas, el actual «pacs» (pacto civil de solidaridad) es insuficiente. Una solución intermedia para parejas heterosexuales u homosexuales que reconoce ciertos derechos pero no ofrece la misma garantía jurídica que un matrimonio en cuanto a poder compartir la autoridad parental de sus hijos o los problemas de sucesión o de custodia en caso de fallecimiento de uno de los dos miembros. De ahí que recurrieran ante el Consejo Constitucional reivindicando que la prohibición actual conculcaría, a su juicio, el principio de igualdad.

No lo han visto así los nueve «sabios» encargados de las deliberaciones que se remiten a los textos en vigor. «El legislador,en el ejercicio de su competencia, ha estimado que la diferencia de situación entre parejas del mismo sexo y las parejas compuestas por un hombre y una mujer, podía justificar una diferencia de tratamiento respecto a las reglas del derecho de la familia» argumentan en su declaración. De este modo esquivan pronunciarse sobre una cuestión que «afecta a la sociedad» y que, según este órgano, compete únicamente a los legisladores introducir los cambios para legalizar, como en otros países vecinos, el matrimonio entre homosexuales.

Hasta ahora la mayoría conservadora gobernante del partido de Nicolas Sarkozy se ha opuesto a reconocer como tal la unión de dos personas del mismo sexo, aunque el caso de estas dos mujeres, que aseguran que van proseguir con su batalla jurídica, ha resucitado un debate que podría centrar la campaña política de las elecciones presidenciales dentro de un año.

La cuestión será inevitable. No sólo porque se calcula que esta situación afectaría actualmente a tres millones de personas en Francia, sino porque la sociedad parece estar dispuesta a una evolución de las costumbres, ya que el 58 por ciento de la población gala es favorable al matrimonio homosexual según un sondeo reciente de TNS-Sofres. Para la oposición de izquierdas y las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales, no sólo se ha perdido «una buena ocasión» de romper con una injusticia sino que el Consejo Constitucional se ha conformado con pasarle «la patata caliente» a los políticos.
Mientras, el abogado de las dos mujeres asegura que la pareja acudirá a Barcelona a contraer matrimonio y luego pedirán que la unión sea aceptada en Francia.


Unión del cónyuge A y el B por tres meses
Las leyes que regulan las uniones en España son «irracionales, injustas y perjudiciales para el bien común, sobre todo la regulación del matrimonio homosexual», dijo ayer monseñor Martínez Camino, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Denunció Martínez Camino que quienes afirman o enseñan que el matrimonio es la unión de hombre y mujer están «al margen de la ley, si no en contra» de ella, en una situación «alegal o ilegal». Respecto al matrimonio heterosexual civil, Martínez Camino afirmó que «es un contrato más leve que contratar un servicio de telefonía móvil». Dijo que es «la unión de cualesquiera ciudadanos por tres meses» y que no reconoce que hay esposo y esposa, sino «cónyuge A y cónyuge B».