Gasolina callejera

La agresión, injustificada y vergonzosa, que ha sufrido el consejero de Cultura de la Región de Murcia nos vuelve a situar frente a una de las cuestiones clave en una sociedad democrática y libre: la necesaria y obligada convivencia entre todos, respetando siempre todas las ideas.
El Partido Popular tiene desde hace años una asentada mayoría absoluta en esa comunidad autónoma, y todo parece indicar que Ramón Luis Valcárcel puede repetir esos resultados en las elecciones del próximo mes de mayo, lo que refrendaría una larga etapa de poder del PP en la Región de Murcia. ¿Dónde está el pecado político? ¿Es necesario romper las reglas básicas para agitar el ambiente? ¿Alguien tiene derecho a la revuelta callejera para trastocar el resultado de las urnas? Es evidente que la agresión sufrida por Pedro Alberto Cruz, consejero del Ejecutivo murciano, tiene que traducirse en un inmediato encendido de la alarma roja de la democracia. Hemos entrado en un territorio muy peligroso y debemos ser muy conscientes de ello.
Ahora la polémica política está en la culpabilidad. ¿Quién está detrás de la agresión? ¿Quién ha abonado el terreno para que la violencia irrumpa contra el poder institucional? ¿Se podían poner los medios para evitar lo que ha ocurrido? A nadie se le escapa que ya en el mes de diciembre desde distintos sectores sindicales regionales se azuzó la violencia y el insulto contra el presidente Valcárcel y su familia. Una mecha que se encendió en la calle y que ha tenido su continuidad en los distintos cauces habituales de internet utilizados de forma indigna, para desde el anonimato y la cobardía echar leña al fuego de la inestabilidad institucional.
¿Quién ha sido?, nos seguimos preguntando. El objetivo de estas líneas no es investigar la autoría de esta barbaridad. El objetivo, eso sí, es recordar a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia que no puede mirar hacia otra parte, que aquí no vale todo y que desde hace semanas se ha venido trabajando para que la violencia se convierta en lenguaje político en época electoral.
Rodríguez Zapatero ha llamado a Mariano Rajoy, y el vicepresidente Rubalcaba ha hecho lo mismo con el presidente Valcárcel. Está bien; pero quizá esas llamadas se tenían que haber producido en el mes de diciembre cuando todo esto se veía venir. En todo caso, ocurrido lo ocurrido, aquí hay una dimisión obligada por simple vergüenza torera. Si el delegado del Gobierno es incapaz de asegurar la integridad física de los miembros del Ejecutivo regional es que no sirve para ejercer sus funciones. No es cuestión de culpas, es cuestión de responsabilidad. Y ahora mismo no hay seguridad para los cargos públicos en la Región de Murcia. Hay que detener a los culpables directos de la agresión, pero sobre todo y por encima de todo hay que aprender que cuando se juega con la violencia y las algaradas callejeras, al final, se está echando gasolina. Y esa gasolina se traduce en descontrol.