Las grabaciones sobre irregularidades en Invercaria fiables para la Policía

Sevilla- Con la instrucción de los ERE estancada por la baja laboral de la juez Mercedes Alaya, al bipartito de Griñán se le abre otro frente judicial sobre presuntas irregularidades cometidas en la Junta de Andalucía en el manejo de los fondos públicos durante los últimos años. Se trata del reparto discrecional de dinero por parte de Invercaria, la sociedad pública de inversión y gestión de capital de riesgo de la Administración andaluza. El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga por qué se otorgaron 21,5 millones de euros a empresas sin procesos de selección y se invirtió en el capital de otras cerradas al poco tiempo de la inyección de dinero público.

Parte de esa investigación incluye las grabaciones aportadas por un ex trabajador de la empresa en las que la presidenta de la sociedad, Laura Gómiz, admitía, entre otras cosas, la reconstrucción de expedientes, el manejo sin control de los fondos públicos y la ausencia de procedimiento para la concesión de las ayudas. Un informe de la Policía Científica solicitado por el juez instructor y al que ha tenido acceso este periódico concluye sobre la autenticidad de las grabaciones que «no se observan indicios asociados de una alteración» y que los archivos de audio «son compatibles después de pasar un proceso de edición posterior».

La Sección de Acústica Forense de la Unidad Central de Criminalística avala las pruebas aportadas por el ex trabajador de Invercaria, lo que deja en mal lugar a Laura Gómiz. Los agentes apuntan que «en el análisis perceptivo sistemático y metodológico de todas las conversaciones contenidas en todos los soportes, se observa una continuidad y secuencia lógica en el transcurso de las mismas, tanto en su plano semántico como en el expresivo. Igualmente se observa continuidad en el ambiente acústico en el que se desarrollan todas ellas».

Durante las reuniones objeto de las grabaciones, la ex presidenta insta a sus empleados a reconstruir expedientes ante la auditoría que va a realizar la Cámara de Cuentas de Andalucía a la sociedad. Fue precisamente este trabajo de fiscalización el que motivó una investigación de oficio de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía y el origen de un caso por el que también se ha interesado el Tribunal de Cuentas.
En varias ocasiones, Gómiz ordena elaborar documentación que falta sobre operaciones de concesión de ayudas públicas. En algunos no existía nada. Solución: «Se inventa». «Eso es un informe falso», le advirtió en algún momento el ex empleado, lo que motivó su despido posterior por «falta de confianza».

En su momento, la Junta acusó al ex empleado Cristóbal Cantos, autor de las grabaciones, de manipularlas. Aportó incluso un informe pericial técnico elaborado por la consultora Graudio que señalaba la existencia de «hasta 13 puntos» con «serios indicios de manipulación». Cantos aportó otro informe que avalaba su teoría. Ahora es la Policía Judicial la que, tras analizar el dispositivo grabador y los dos cedés y un dvd regrabable aportados en el juzgados, otorga credibilidad a las conversaciones registradas. El peritaje está en los juzgados desde el mes de julio.

De forma paralela al proceso judicial abierto, el «caso Invercaria», que trascendió antes de las últimas elecciones autonómicas, ha regresado al debate político. El consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, acudirá al Parlamento para dar explicaciones sobre la gestión de la sociedad que depende de su departamento. El PP reclama una comisión de investigación.