El PSOE se niega a que un jurado popular enjuicie la petición de comisiones ilegales

Sevilla- El PSOE, personado como acusación popular en el caso del supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, se ha opuesto a que sea un jurado popular el que enjuicie a los cuatro acusados. Defiende que no eran funcionarios públicos en el momento de los hechos y «en estricta aplicación del principio de legalidad no pueden ser juzgados conforme a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Jurado».
En el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos. Para cada uno de ellos la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho. En un escrito elevado ante el Tribunal del Jurado el pasado 28 de noviembre, al que tuvo acceso Ep, el letrado del PSOE, Ángel María Prados, pone de manifiesto que, «con independencia de que, a esta parte, le resulte objetivamente indiferente que el juicio se lleve a efecto con jurado o por el órgano técnico judicial competente», el principio de legalidad «se vulnera» cuando se atribuye a Ponce, Mellet y Pereira la condición de funcionarios públicos, «de la que carecen».