Aguirre pide que el Estado libere a las comunidades de gasto social

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se convirtió ayer en la protagonista del Comité Ejecutivo, el primero que convoca Rajoy como presidente del Gobierno. En el turno final de palabra, después de la intervención a puerta cerrada de Rajoy, pidieron la vez el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti. Los dos en un perfil plano: el primero rindió homenaje al fallecido Manuel Fraga, al que reivindicó, comparándole con Adolfo Suárez, por ser una figura histórica a la que el partido debe poner en valor. Y Basagoiti recordó al concejal Gregorio Ordóñez, al cumplirse el aniversario de su asesinato por ETA.
Y entonces llegó el turno para Aguirre con un tema que está en boca de muchos otros presidentes autonómicos, cuyas regiones atraviesan, además, una situación económica más dramática que la Comunidad de Madrid. Pero ellos comentan y se quejan fuera de los órganos del partido, y al final ha sido Aguirre la que le ha colocado el cascabel al gato.
Su propuesta apunta en la dirección de que tiene que revisarse el reparto del gasto entre Estado y comunidades autónomas y el sistema de prestaciones para racionalizarlo y garantizar, explican en el entorno de la presidenta, «la plena cobertura y la plena eficacia del Estado del Bienestar para aquellos que disponen de menor renta». Con el cinturón del déficit que pretende imponerles el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las comunidades autónomas dicen que no tienen para sostener el gasto social que han ido asumiendo en los últimos años en materias tan delicadas como Educación, Sanidad y otros servicios públicos. Y la propuesta de Aguirre es que se hagan las reformas necesarias para liberar de gasto social a los gobiernos regionales. Al final es la crisis económica, y no el acuerdo entre los dos principales partidos nacionales, la que se está llevando por delante la corriente centrífuga liderada por los nacionalistas. Antes era el ansia infinita de competencias lo que marcaba la agenda, y ahora parece que las comunidades no saben cómo librarse de algunas de ellas.
Aguirre cree que hay que «deliberar sobre la obligación de gastar» que tienen las comunidades en materias sobre las que ni siquiera han opinado porque son legislación básica, como la retirada de las tasas judiciales, que ha llevado al colapso de los juzgados porque ha tenido un efecto llamada para todos los casos de desacuerdo, según precisó en la comparecencia con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, informa Ep. A su juicio, si hay que controlar el déficit, especialmente el autonómico, también hay que cortar los gastos que no son estrictamente necesarios y revisar qué competencias y servicios «no son imprescindibles ni constitucionalmente aceptados». A puerta cerrada ante la plana mayor del PP Aguirre defendió reformas legislativas que cambien la gestión del gasto farmacéutico, en especial de medicamentos concretos; de determinados ciclos de formación como el grado o el postgrado, que ahora sufragan las comunidades; o de las citadas tasas judiciales. La presidenta cree, además, que no es aceptable que las rentas altas paguen lo mismo que las bajas por medicinas o por las tasas judiciales. En la mesa del Comité Ejecutivo ha quedado su propuesta para que se hagan ajustes en el sector farmacéutico o educativo. Y la respuesta del presidente del Gobierno ha sido reivindicar su propia hoja de ruta y su calendario de reformas. También contestó a Aguirre a la gallega: ni sí ni no. Ya se verá, y en marzo habrá nuevos Presupuestos.