Economía

Los contratistas cifran en 2000 millones la deuda de la Generalitat

El sector de la obra pública agoniza, «está en la UVI», pero hasta el día de hoy todavía no habían salido a reclamar la deuda que les debe la Administración. Ayer el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, se atrevió a cifrar el dinero que les debe la Generalitat.

Jannone (IVF), Dómine (Infraestructuras), Beut (Fecoval) y Miñés (Cámara de Contratistas)
Jannone (IVF), Dómine (Infraestructuras), Beut (Fecoval) y Miñés (Cámara de Contratistas)larazon

Valencia- «Unos 2.000 millones de deuda viva», la cifra en el ámbito estatal alcanza los 22.000 millones.Miñés aprovechó el II Foro de Colaboración Público Privada (CPP) sobre infraestructuras públicas, organizado por Broseta Abogados, para realizar esta denuncia, que vino acompañada de un rosario de lamentos sobre la situación en la que se encuentra el sector. «Yo propondría que cerrasen durante dos años las facultades de Caminos y Arquitectura», puesto que no tiene sentido que se realice un importante gasto público en formar a jóvenes que no van a trabajar, a menos que puedan irse al extranjero.
La perspectiva de Miñés es pesimista. Considera que hasta 2017 el sector no se recuperará y aseguró que en el último año han cerrado 5.500 empresas- incluye pymes y autónomos- que producen 137.000 empleos inducidos.
En la misma línea se pronunció el expresidente de la Cámara de Contratistas, Teodoro Velázquez, ahora directivo de FCC. Advirtió de que, si se continúa sin licitar nada, se perderá hasta un millón de puestos de trabajo. Por ello, reclamó inversión en infraestructuras productivas, definición que, según apuntó, nada tiene que ver ni con el Plan E del Gobierno de Zapatero ni con el Plan Confianza de la Generalitat. «Si no se licitan las obras que sean rentables en dos años, habremos desaparecido».
La cartera de obras existe. De hecho, incluso está licitada. Miñés cifró en 1.050 millones las obras que la Generalitat mantiene paralizadas. 200 millones corresponden a Ciegsa, 350 a Justicia y 500 a la Entitat Pública de Sanejament (Epsar).
Sin embargo, Miñés no cargó todas las culpas contra la Generalitat. Expuso la discriminación en inversión a la que ha estado expuesta la Comunitat Valenciana desde el año 2000. Apuntó que, si los valencianos recibiesen lo mismo que la media del Estado, se habrían podido invertir 9.453 millones.
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, fue la encargada de inaugurar esta jornada, aunque no estuvo presente cuando se realizaron todas estas reclamaciones que se produjeron en las mesas de trabajo posteriores. Bonig aseguró que durante esta legislatura se seguirán ejecutando obras vía inversión directa, si bien reconoció que las obras estratégicas se dejarán para la colaboración público-privada. En este caso, y puesto que las actuaciones se están replanteando para que los bancos puedan asumirlas, explicó que hasta el año 2015 no comenzarán a ejecutarse.
Bonig resaltó que han realizado 1.077 obras del Plan Confianza por un importe de 551 millones.