Economía sumergida: 200000 millones escapan a la mirada de Hacienda

MADRID- ¿Cómo es posible que habiendo 4,3 millones de parados registrados, cerca de 1,1 millones de desempleados extranjeros sin arraigo y sin redes que los protejan, con una economía que en 2010 cayó un 0,1%, y una inflación que no para de aumentar (3,6%) no se haya producido una explosión social en España?

Varias razones podrían dar respuesta a esta incógnita, pero todas confluyen en el desarrollo de una «bolsa» tan floreciente como opaca que escapa a los controles de Hacienda y la Seguridad Social: la economía sumergida, negra o «golfa», como algunos la califican. Un fenómeno que asoma en los momentos de crisis y que es, en gran medida, aceptado socialmente, aunque cada vez son más los que exigen una decidida lucha contra ella. El hecho de que España atraviese por una mala situación económica que ha desplomado su PIB, con tasas de paro elevadísimas y una caída de los ingresos de la Administración, se ha traducido en recortes para quienes no ocultan en el anonimato su condición de trabajadores y contribuyentes, y en despidos o congelaciones salariales para quienes sustentan el estado del bienestar. Se calcula, según los últimos informes, que más de cuatro millones de trabajadores podrían estar «atrapados» por la economía sumergida. De acuerdo con la definición de la OCDE, ésta se define como el conjunto de actividades económicas cuyo producto final es legal pero que son escondidas a las autoridades de un país para evitar el pago de impuestos o cotizaciones y así evitar el cumplimiento de normas sobre salarios, sanitarias, de calidad o administrativas. No se tienen en cuenta las actividades criminales o delictivas.

La última aproximación a la economía sumergida es un trabajo de cuatro profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez), recogido en Cuadernos de Información Económica, que edita la Fundación de las Cajas de Ahorros. En él llegan a la conclusión, por tres vías diferentes, de que la economía sumergida en España está por encima del 17% del PIB, lo que equivaldría a más de 170.000 millones a precios de mercado.

La pérdida de recaudación fiscal media por año se estima que está entre los 30.800 y los 32.735 millones, una cifra con la que se podría pagar el desempleo de los 4,3 millones de parados que hay en España durante un año. Si las actividades afloraran, se podría reducir la presión fiscal más de 4,5 puntos porcentuales.

Europa
Más pesimista es el informe de AT Kearney y Visa Europe, que recoge datos comparativos sobre la economía en la sombra en Europa. El informe cifra en cerca del 20% su importancia en la economía española, lo que llevaría el valor de la producción sobre el que Hacienda no tiene control a 205.000 millones. En la Europa de los Veintisiete permanecen «ocultos» más de 2,1 billones de euros, el 17,8% del PIB de la UE. España está lejos de los niveles de Alemania (15%), Francia (12%) o Reino Unido (11%), pero también de Chipre (27%), Grecia (25%) o Italia (22%), las economía más «sumergida» de la eurozona.

¿Qué se ha hecho hasta ahora? Poco. Seguir la pista de esta economía es muy difícil. Requiere medios materiales y humanos y lleva tiempo obtener resultados. Hacienda ha optado por centrarse en las grandes fortunas, los paraísos fiscales y los sectores donde se ha concentrado la actividad económica de los últimos años: construcción y vivienda. De hecho, el Ministerio ha preferido ocultar el problema y no da por buena ninguna estimación del volumen de la economía sumergida, venga de donde venga. Hacienda recaudó el pasado año algo más de 10.000 millones en su lucha contra el fraude fiscal. Buena parte de esta cantidad proviene de las regularizaciones voluntarias que han realizado algunos ciudadanos con cuentas «opacas» en paraísos fiscales, una forma algo más lícita de eludir las obligaciones tributarias en el país de nacimiento.

Hacienda va a empezar a combatir la economía sumergida. El hecho de que buena parte de la población española haya visto recortados sus sueldos, prolongada su vida laboral y reducida su pensión exige de las autoridades un plan eficaz de lucha para que no acaben pagando siempre los mismos. Una buena solución sería promover el pago por sistemas electrónicos y evitar el efectivo en bares, cafeterías, taxis, mercados, y hasta en las administraciones públicas, propone Visa Europe.