Los votos particulares

Ramón Rodríguez Arribas
«Ingenuidad de creer lo que dicen sus promotores»
Madrid- Ramón Rodríguez Arribas considera que no había ninguna razón jurídica para «tumbar» el auto del Supremo por el que «frenó» a Sortu. Esa resolución estaba «sólidamente fundada desde el punto de vista fáctico y jurídico» y llegaba a una «certeza de común sentido y no a una mera "sospecha"como le achaca la sentencia» del Tribunal Constitucional. Además, destaca que la «condena de la violencia» recogida en los estatutos de Sortu no es más que una condena «estudiosamente ambigua», y que, además, «se incurre en la ingenuidad de creer, sin ni siquiera dudar, lo que los promotores dicen en sus estatutos».

Manuel Aragón
«Los estatutos incurren ya en causa de ilegalización»
Madrid-Manuel Aragón, quien fue propuesto por el Gobierno de Zapatero, sostiene que en los estatutos de Sortu ya hay causas que entran en las que la sentencia justifica para una posterior ilegalización. «Si se aplicase ese catálogo al escrutinio de los estatutos de SORTU (cuya pureza democrática ha ensalzado la sentencia) se llegaría a la conclusión de que los estatutos incurren en varias de las conductas a las que se refiere el catálogo, lo que conduciría a denegar la inscripción» como partido político. Además, entiende que la condena de la violencia no es suficiente para contrarrestar otros indicios.

Javier Delgado
«El control a posteriori es un fracaso del control previo»
Madrid- Javier Delgado, ex presidente del TS, critica que la sentencia entre a realizar una nueva valoración de las pruebas, pero, además, que se valoren de forma tan relevante los estatutos al margen de otras cuestiones: «Los estatutos son palabras, de modo que cuando el conjunto de hechos probados desvirtúa la realidad de tales manifesfaciones, las palabras saltan hechas trizas». Junto a ello, critica el elenco de medidas fijadas para una posible futura ilegalización, ya que ese «control a posteriori es, en lo que aquí importa, consecuencia de un fracaso del control previo».