Tres magistrados no asistirán al pleno del caso Faisán para no contaminarse

Tres de los cuatro magistrados de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no participarán el próximo martes, para evitar contaminarse, en el pleno en el que se decidirá si el caso Faisán se archiva, se queda en este tribunal o se remite a un Juzgado de Irún (Guipúzcoa).

Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que los magistrados que han comunicado su ausencia son Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz-Polanco y Clara Bayarri, quienes -en caso de que el pleno apreciara que hay indicios de un delito de colaboración terrorista y la causa permaneciera en la Audiencia Nacional- formarían el tribunal encargado de enjuiciar los hechos.

En el pleno, que comenzará a las cinco de la tarde en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), sí estará presente la otra integrante de la sección tercera, Ángeles Barreiro.

De este modo, serán quince los magistrados que examinarán los recursos de los tres procesados en el caso, en el que se investiga la autoría del "chivatazo"que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión: los cinco de la sección primera, los cinco de la segunda, los cuatro de la cuarta y la propia Barreiro.

En la vista, el fiscal, las acusaciones personadas -PP, Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Dignidad y Justicia y Asociación Víctimas del Terrorismo- y las defensas expondrán sus posturas ante la sala, que según las fuentes consultadas no iniciará sus deliberaciones ese mismo día.

Los imputados -el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros- sostienen que no intervinieron en los hechos y que el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz debe ser revocado y la causa archivada.

Por su parte, el fiscal defenderá ante el pleno que los indicios que obran en la causa no permiten sostener la acusación de colaboración con organización terrorista, sino sólo la de revelación de secretos, por lo que el caso dejaría de ser competencia de la Audiencia Nacional y pasaría a un Juzgado de Irún.

Las acusaciones, por último, mantendrán que los procesados deben ser enjuiciados en la Audiencia por colaboración con ETA.