Un mercado dividido en 17

El deterioro continuado de la unidad de mercado es hoy uno de los principales lastres que arrastra la economía española. En un documento conjunto sobre competitividad en la industria, presentado ayer por el presidente de CEOE, Juan Rosell, y su homólogo del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, se detalla hasta qué punto es esencial corregir la actual deriva del proceso de descentralización autonómica hacia la fragmentación del mercado nacional. El trabajo de los empresarios y del «think thank» advierte de que la segmentación del mercado y la dispersión normativa suponen una pérdida de atractivo para la inversión y les achaca la caída de casi un 80% de la inversión extranjera directa en España durante 2009, hasta situarse en niveles cercanos a los de 1992 y 1993. Esta misma denuncia la realizó recientemente el presidente valenciano, Francisco Camps, quien pidió un «gran pacto de Estado que garantice la unidad de mercado, que aumente la seguridad jurídica y que elimine las barreras a las inversiones». En efecto, cualquier economía, pero más una en dificultades como la española, necesita un marco regulatorio que allane el camino a los inversores y emprendedores, y no uno convertido en un campo de minas, con profusión de reglas distintas en lo que pretende ser un terreno de juego conjunto. Esta situación nos impide mejorar en competitividad. La vorágine regulatoria de las comunidades autónomas eleva costes y dificulta la movilidad, pero sobre todo impide explotar el potencial de un mercado amplio y común, lo que acaba por lastrar el crecimiento y la creación de empleo. El principal problema de la quiebra de la unidad de mercado aparece cuando las distintas administraciones actúan con el propósito principal de abortar la competencia ,en lugar de fomentar la actividad económica en un marco de libertad; o cuando se obcecan en poner zancadillas, en vez de perseverar, por ejemplo, en políticas como las de algunas comunidades en materia fiscal, en las que han provocado una redistribución de la actividad económica. Entonces, la inflación normativa se convierte en un intervencionismo que paraliza el desarrollo de los territorios y ahuyenta las inversiones ante un horizonte de incertidumbres y de actuaciones arbitrarias desde el poder político. No puede ser casualidad que la Comunidad de Madrid, auténtica locomotora económica de España, ocupe el primer puesto en el ránking del índice de libertad económica por las políticas liberales y reformistas de Esperanza Aguirre. Como tampoco que las socialistas Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha se encuentren en los últimos puestos de esa relación por estrategias opuestas, las que priman el gasto público y disuaden a la iniciativa privada. Si España quiere emprender con garantías un proceso de reactivación de la economía, es urgente una reforma estructural para reconducir la unidad de mercado y hacer funcionar la descentralización de forma eficaz en el terreno de la competitividad. La deriva actual sólo conduce al desplome de la inversión y a la devaluación de España como mercado atractivo.