Spanair ruina identitaria

El fin de Spanair era la crónica de una muerte anunciada en el sector. Nadie daba un euro por una compañía sostenida con fondos públicos catalanes. El epílogo de la aerolínea presenta distintas variables. En lo económico, las cifras describían un futuro imposible. En 2010 registró pérdidas de 116 millones de euros y en 2009 acumuló otros 186 millones. Para el ejercicio pasado las estimaciones negativas son de otros 60 millones. Era, por tanto, un panorama inviable para la que fue la quinta compañía de España por número de pasajeros transportados el pasado año. En el plano político, la izquierda catalana representada en el tripartito, y muy especialmente el entonces consejero de Economía, Antoni Castells, apostó por mantener artificialmente con ingentes cantidades de fondos de todos los ciudadanos una compañía como parte de su proyecto político de marcado carácter identitario. Cataluña debía contar con una aerolínea de bandera y no se reparó en nada. Para ello contaron con la colaboración de un grupo de empresarios con más ambiciones que conocimientos de un sector tan complejo como el de las aerolíneas. Desde 2009, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han controlado algo más del 60% del accionariado y Spanair se ha convertido en un pozo sin fondo hasta que la Generalitat del presidente Artur Mas tomó una decisión traumática, pero tan acertada como imprescindible. Spanair era un pesado lastre para las finanzas catalanas. Se calcula que las administraciones autonómica y municipal habrían invertido 150 millones de euros en una aventura innecesaria. Los políticos nacionalistas comparten también una parte de la responsabilidad, pero hay que reconocer que, aunque demasiado tarde, tuvieron el buen juicio de cerrar el grifo que la izquierda socialista e independentista abrió sin reparos. Existe una derivada europea no menor de este asunto. Las autoridades comunitarias abrieron una investigación por las subvenciones públicas a una compañía privada que vulnerarían la normativa contra la competencia. La más que probable ilegalidad de estas ayudas y, por tanto, la obligación de devolverlas pudieron dar la puntilla a Spanair. Hay además una responsabilidad con los usuarios por un cierre abrupto que dejó en tierra a 22.000 pasajeros y que fue notificado sólo una hora y media antes al Ministerio de Fomento. Se podría sancionar a la compañía con nueve millones por dos infracciones «muy graves». Lo que comenzó mal ha acabado aún peor en un episodio que ha comportado un quebranto de la imagen de España. El despropósito de quien no dudó en malgastar dinero público al servicio de su concepto identitario y excluyente de Cataluña no puede salir gratis. La responsabilidad existe y es necesario que se responda de ella.