El juzgado aprueba el ERE de Spanair que prevé una indemnización de 20 días

El ERE, al que el titular del juzgado mercantil 10 de Barcelona ha dado luz verde en un auto con fecha 27 de febrero, permite a los exempleados de Spanair acceder ya a la situación de desempleo y reclamar de Fogasa la parte de la indemnización que abone este organismo, dado que la compañía aérea no puede afrontar estos pagos.

El auto del juez, conocido hoy, también fija el modo de cálculo de los salarios y de las indemnizaciones, y establece un plazo de 20 días para que puedan solucionarse los errores que haya cometido la administración concursal. Esta administración se ha comprometido, además, a abonar a los trabajadores un importe igual al doble del salario mínimo interprofesional para la nómina de enero, y el importe completo de la de febrero o uno lineal similar al ya entregado en enero (y que fue de mil euros).

Este compromiso, sin embargo, se materializará "siempre y cuando la compañía disponga de efectivo suficiente y la tesorería lo permita", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El ERE de Spanair ha sido aprobado un mes antes de la fecha prevista en el calendario marcado por el propio juzgado gracias al acuerdo al que los trabajadores han llegado con la compañía y la administración concursal.

Por otra parte, el TSJC ha informado que se han conseguido resolver los contratos de "leasing"de los 31 aviones de que disponía la compañía aérea, suscritos por diferentes empresas norteamericanas, inglesas y japonesas. Estos acuerdos, negociados por la administración concursal, evitarán que se generen créditos en concepto de penalización por falta de uso de los aviones y de estancia de las aeronaves en los aeropuertos españoles, lo que tenía un coste de unos 400.000 dólares diarios.

Además, han permitido recuperar depósitos de garantía derivados de estos contratos por un importe de casi dos millones de euros. Las indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades se situarán entre 100 y 103 millones de euros, de los que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará entre 33 y 40 millones, con un máximo de 27.000 euros por empleado, según el acuerdo al que llegaron los trabajadores con la administración concursal, la empresa y la Generalitat.