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Elecciones autonómicas
Disfraz electoral
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La decisión del Tribunal Supremo sobre las controvertidas listas de Bildu es clave para el panorama electoral. Más allá de la profunda división de sus magistrados, con un sector favorable a las candidaturas, todos los partidos esconden un claro interés hacia el veredicto. La intención del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba es alejar la pésima imagen que dejó el Gobierno por el llamado proceso de paz, liderado por Zapatero. Su coste en las urnas puede ser elevado. De ahí su contundencia contra la coalición abertzale, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El escenario partidario es otro. El Partido Socialista de Euskadi es mucho más tibio al respecto, tal como reflejan las declaraciones del propio lehendakari, Patxi López. Su negativa total hacia Bildu le puede pasar factura. El PP, rotundo, tiene el discurso más fácil. Y el PNV reclama su presencia en las listas, bajo el paraguas del antiguo «desertor», Carlos Garaicoetxea, fundador de Eusko Alkartasuna. Como la política hace extraños compañeros de cama, los votos de EA y los candidatos abertzales pueden ayudarle a desalojar a los socialistas de Ajuria Enea y recuperar su histórico poder en Euskadi. Por ello, el líder peneuvista, Íñigo Urkullu, amenaza al Gobierno con retirar su apoyo a los Presupuestos del Estado. Una posición que Rubalcaba, con suma habilidad, intenta calmar con esa «diferente velocidad» para acabar con ETA. Así las cosas, los jueces del Supremo tienen gran responsabilidad. Una decisión que puede acarrear consecuencias jurídicas. Y, desde luego, también políticas.
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