Un cayuco con 43 menores a bordo y otro con unos 15 de los 64 que viajaban llegaron a Canarias esta semana. No se trata de un hecho puntual, sino que se ha constatado un aumento sustancial del flujo de niños no acompañados que llegan desde África. Las mafias se aprovechan de una legislación que permite que los menores no sean repatriados y que, de este modo, al cumplir los 18 años de edad, puedan ejercer su derecho a la reagrupación familiar. Esa rendija legal ha actuado como una especie de efecto llamada hasta colocar a Canarias en una situación complicada por su falta de medios para asumir la presión migratoria. En la actualidad, las administraciones de las islas tutelan a más de 1.400 menores, aunque las cifras podrían ser superiores. El presidente canario, Paulino Rivero, ha pedido que el asunto sea considerado una cuestión de Estado y que la atención a estos niños sea abordada en la reforma de la Ley de Extranjería. El Gobierno, sin embargo, se excusa con transferencias millonarias a Canarias y convenios para traslados a otras autonomías. Pero el problema es más hondo. Además de atender las urgencias de una comunidad en apuros, se trata de no dar ventajas a las mafias. Habrá que buscar consensos para sellar las lagunas legales y abordar el desafío de los menores con realismo y sin demagogia.