El Govern incumple la ley que obliga a emplear a un 2% de discapacitados

«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran ...» , propugna el artículo 49 de la Constitución. Sin embargo, pasados casi 31 años, la Administración sigue sin cumplir con ese precepto. Tampoco aplica correctamente la Generalitat la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982. Esta obliga a las empresas con más de 50 trabajadores, sean públicas o privadas, a contar, entre toda la plantilla, con un dos por ciento de personal discapacitado. Contextualización Una respuesta parlamentaria, instada por el grupo del PP, del conseller de Gobernació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, así lo certifica. Cuatro departamentos de la Generalitat no cumplen con esta obligación legal. Concretamente, Presidència, Educació, Justícia y Medi Ambient, no han contratado hasta ahora ese dos por ciento de trabajadores con discapacidad que estipula la ley desde hace más de 20 años. La administración catalana contrata, hoy por hoy, con 2.645 trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 1,51 por ciento del personal asignado. En cuanto a los departamentos que incumplen con la normativa, Presidencia cuenta con un 1,89 por ciento,; Justicia, con un 1,4 por ciento, Educación con un 1,26 por ciento y Medio Ambiente y Vivienda con un 1,21 por ciento. Ausàs apunta que el dato total (1,51 por ciento) debe «contextualizarse», ya que los cuerpos de seguridad, como los Bomberos de la Generalitat, los Agentes Rurales o los Mossos d'Esquadra no están obligados a a contratar ese dos por ciento. De hecho, el porcentaje de discapacitados empleados por la conselleria de Interior, Relacions Institucionals i Participación es tan sólo de un 0,36 por ciento. El incumplimiento de la ley arduamente denunciado por las entidades que representan a este colectivo. A finales del año pasado, el Comité Catalán de representantes de personas con discapacidad presentó un estudio en el que quedaba contrastado que la Generalitat «sólo un 1,41 por ciento de personas con discapacidad accedía a un puesto de trabajo en la Generaliat». Otro dato revelador plasmaba que de cada cinco plazas de funcionariado reservadas por ley a este colectivo, cuatro quedaban libres.